Dos ciudadanos brasileños vinculados al grupo Comando Vermelho fueron trasladados de manera reservada a la prisión de Chonchocoro en La Paz, tras ser acusados del asesinato de un interno en el penal de Palmasola. La operación se llevó a cabo luego de que se emitiera una orden judicial que determinó su detención preventiva por 180 días en el marco de una investigación por homicidio.

Los detenidos, identificados como Caique Lima Silva y Oscar Junior Terra Días de Floriano, fueron trasladados desde Palmasola hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, donde abordaron un vuelo escoltados por un fuerte dispositivo policial. A su llegada al aeropuerto de El Alto, fueron recibidos por un contingente policial que los condujo directamente a la cárcel de Chonchocoro.

La víctima, Remberto López Herbas, se encontraba recluida en el módulo PC-7, bloque B, y estaba vinculada a múltiples procesos judiciales, entre ellos el asesinato de un juez en Villa Tunari, así como a varios casos de secuestro y homicidio. Fue encontrado sin vida en el baño del pabellón, con dos heridas de bala en la cabeza. En el mismo sector fue hallada un arma calibre 9 milímetros, relacionada con uno de los brasileños detenidos.

Durante las investigaciones, los acusados admitieron haber cometido el asesinato por encargo de narcotraficantes del trópico de Cochabamba. Ambos extranjeros cumplían condenas por delitos graves como asesinato y secuestro. Además, se reveló que uno de ellos gestionó la entrada del arma al penal aproximadamente dos semanas antes del incidente.

Las autoridades penitenciarias y policiales enfrentan cuestionamientos sobre cómo un arma de fuego, de uso policial y militar, pudo ingresar al recinto a pesar de los controles establecidos en la entrada principal y los pabellones internos. El PC-7 es considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad en el país, diseñado para alojar a reclusos de alta peligrosidad provenientes de distintas regiones.

En respuesta al suceso, los fiscales encargados del caso ordenaron el precintado del bloque B del PC-7 para preservar la escena y facilitar las pesquisas. Actualmente, se realizan diligencias para ampliar la investigación, incluyendo la citación de responsables de la cárcel, funcionarios de la Dirección de Régimen Penitenciario y efectivos policiales encargados de la seguridad en el penal.

Este caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en los controles internos de las prisiones y la complejidad del manejo de internos vinculados a organizaciones criminales de alta peligrosidad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y fortalecer las medidas de seguridad en los centros penitenciarios