Un lujoso departamento valorado en cerca de medio millón de dólares, adquirido por uno de los hijos del expresidente Luis Arce, ha sido objeto de un procedimiento judicial que culminó con su secuestro y posterior entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). Este inmueble, un ‘penthouse’ situado en un edificio del barrio Obrajes, en la zona Sur de La Paz, se encuentra ahora bajo custodia oficial en el marco de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Las pesquisas apuntan directamente a Ernesto Arce Mosqueira, hijo del exmandatario y propietario registrado del departamento. Sin embargo, su paradero actual es desconocido, lo que añade una complejidad adicional al caso. La acción judicial fue anunciada por el fiscal David Torrez, quien detalló que se realizó un registro exhaustivo en el lugar. Aunque no proporcionó información específica sobre los elementos encontrados durante la inspección, confirmó la existencia de indicios suficientes que ponen en duda la legalidad de la adquisición del inmueble.
La decisión de proceder al secuestro del departamento se fundamenta en estos indicios y constituye una medida inicial dentro del proceso legal. Posteriormente, el bien fue entregado a Dircabi, entidad encargada de administrar y controlar los bienes incautados vinculados a actividades ilícitas. Esta acción representa un paso significativo para garantizar que los activos relacionados con posibles delitos sean resguardados mientras continúa la investigación.
Es importante destacar que Ernesto Arce enfrenta varios procesos penales abiertos en su contra. Según explicó el fiscal Torrez, la propiedad intervenida corresponde a una tercera línea investigativa distinta a las causas previas en las que está involucrado. Esto refleja una situación legal compleja y multidimensional que afecta al hijo del expresidente y que continúa desarrollándose.
El caso tiene relevancia no solo por el valor económico del inmueble sino también por las implicaciones legales y políticas que conlleva. La intervención judicial sobre bienes ligados a familiares directos de figuras públicas genera atención pública y plantea cuestionamientos sobre la transparencia y responsabilidad en la gestión patrimonial dentro del ámbito político. Además, esta situación pone en relieve los mecanismos institucionales existentes para enfrentar supuestos casos de corrupción o enriquecimiento ilícito vinculados a personas cercanas a autoridades nacionales.
En síntesis, el secuestro del penthouse ubicado en Obrajes representa un avance tangible dentro de una investigación compleja sobre presunta legitimación de ganancias ilícitas. La entrega del bien a Dircabi asegura su resguardo mientras se profundizan las pesquisas para esclarecer las circunstancias bajo las cuales fue adquirido y determinar responsabilidades legales correspondientes. El desarrollo futuro de este proceso judicial será seguido con atención tanto por sectores oficiales como por la ciudadanía interesada en la transparencia y justicia en casos vinculados a figuras políticas reconocidas
