Una orden de aprehensión ha sido emitida por el Ministerio Público contra tres ciudadanos menonitas, quienes están siendo investigados por su presunta implicación en el tráfico de una joven desde una colonia en Santa Cruz hacia Paraguay. Este incidente, que se remonta a enero de 2026, ha levantado serias preocupaciones sobre la trata y tráfico de personas en la región.

Los acusados han sido identificados como Jhoan F. W., David W. M. y Troy T. La denuncia detalla que la víctima, S.L.F., de apenas 18 años, fue engañada y sacada de su hogar el 18 de enero. Posteriormente, fue trasladada sin documentación a Paraguay, donde se alega que fue retenida y sometida a explotación laboral. La resolución fiscal emitida el 28 de febrero de 2026 por el fiscal Mijail Cavero revela que existen pruebas suficientes para vincular a los imputados con este traslado ilegal.

Según los informes, Jhoan F. W. habría desempeñado el papel de conductor del vehículo utilizado para llevar a la joven, evadiendo controles migratorios y transportándola clandestinamente. La investigación se basa en testimonios y pruebas recopiladas por las fuerzas policiales, que han establecido la presencia del acusado en la ruta hacia la frontera, acompañado por los otros dos denunciados.

Un testimonio crucial describe cómo la joven fue vista dentro de un automóvil junto a dos de los acusados en las cercanías de la comunidad El Carmen, mientras se dirigían hacia la frontera con Brasil. Este mismo testigo identificó a uno de los implicados como el coordinador del traslado, sugiriendo la existencia de una posible red dedicada a captar y transportar jóvenes sin documentación adecuada.

La situación dio un giro positivo cuando familiares lograron localizar a la víctima en la colonia Nuevo México, en Paraguay. Sin embargo, su retorno a Bolivia no estuvo exento de problemas; tras su llegada, S.L.F. sufrió una crisis emocional que requirió su internación en un centro médico el 31 de enero. Además, se han reportado incidentes de hostigamiento y amenazas dirigidas hacia ella para desincentivarla a presentar cargos contra sus captores.

El Ministerio Público ha señalado que este caso podría estar relacionado con una organización más amplia dedicada al tráfico transfronterizo de personas vulnerables bajo condiciones ilegales, lo cual complica aún más la investigación debido al carácter internacional del delito.

Para avanzar en el caso, fiscales y efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en la colonia Chihuahua con una orden judicial fundada en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Esta acción busca localizar y aprehender a los denunciados, quienes no han respondido a las citaciones judiciales y presentan un riesgo significativo de fuga.

La Fiscalía ha argumentado que es imperativo asegurar la comparecencia del principal imputado ante el proceso judicial y prevenir cualquier obstaculización adicional en la investigación, dada tanto la gravedad del delito como la vulnerabilidad manifiesta de la víctima.

Por ahora, el caso sigue su curso en fase investigativa mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para dar con los acusados y reunir más evidencias que permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.