La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso significativo en la investigación de un presunto caso de daño económico que supera los dos millones de dólares, relacionado con la construcción de la doble vía El Sillar, ubicada en el tramo de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. En este contexto, se procedió al desprecintado de las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), una acción que forma parte del proceso judicial en curso. Este caso tiene además una relevancia política y administrativa importante, dado que el exministro Edgar Montaño se encuentra actualmente en detención preventiva por su presunta implicación.
Manuel Torrico, gerente regional de la ABC en Cochabamba, ha informado sobre el desarrollo de las diligencias dentro de las instalaciones de esta entidad pública. Según señaló, el personal fiscalizador ingresó específicamente al área de archivo para recopilar toda la documentación relacionada con el contrato correspondiente a la construcción del proyecto vial El Sillar. Esta medida busca asegurar que se obtenga toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Desde la ABC han manifestado su disposición institucional para colaborar plenamente con las autoridades judiciales y ministeriales. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y bajo la supervisión directa de la Presidencia ejecutiva de la ABC, han facilitado toda la documentación requerida para avanzar en el proceso penal. Este compromiso refleja un esfuerzo por transparentar las operaciones vinculadas a este proyecto vial y contribuir a que se haga justicia en un caso que afecta directamente a los recursos públicos.
El daño económico denunciado apunta a irregularidades que podrían haber impactado negativamente en los costos y ejecución del contrato para la doble vía El Sillar. Dada la importancia estratégica de esta carretera, que conecta dos importantes regiones del país, cualquier desviación o mala gestión en su construcción tiene repercusiones no solo financieras sino también sociales y económicas para las comunidades beneficiadas por esta infraestructura.
La detención preventiva del exministro Montaño añade un componente político relevante al caso, señalando una posible vinculación directa entre altos funcionarios y supuestas irregularidades en proyectos públicos. Este hecho ha generado expectativas sobre el avance y resultados de las investigaciones fiscales y judiciales, así como sobre las posibles reformas o medidas que puedan implementarse para evitar futuros daños económicos similares.
En conclusión, el desprecintado de las oficinas de la ABC y el trabajo conjunto entre esta entidad y la Fiscalía Anticorrupción representan un esfuerzo institucional por esclarecer uno de los casos más significativos en materia de corrupción vinculada a obras públicas recientes. La transparencia en estas investigaciones es fundamental para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del manejo y ejecución de proyectos clave para el desarrollo nacional
