El sector de la construcción en Bolivia se enfrenta a una coyuntura de alta complejidad, amenazando la viabilidad de proyectos y la estabilidad de una vasta fuerza laboral. Una confluencia de factores, que incluye una drástica reducción en las importaciones de insumos esenciales y un encarecimiento significativo de materiales de producción nacional, ha puesto a la industria al borde de una paralización masiva, con el riesgo latente de la pérdida de más de 1.5 millones de empleos.
Durante el año en curso, las importaciones de materiales de construcción han experimentado una contracción del 31%, marcando el nivel más bajo en casi una década. Los datos económicos reflejan una tendencia descendente desde 2016, cuando el valor de estas adquisiciones superó los 1.222 millones de dólares. En contraste, las cifras recientes indican que las compras al exterior apenas alcanzaron los 272 millones de dólares, la cifra más reducida en los últimos nueve años. En términos de volumen, la caída es igualmente notable, pasando de más de 1.2 millones de toneladas importadas en 2016 a poco más de 345.000 toneladas en el período actual. Esta disminución afecta directamente a productos estratégicos como barras de hierro y acero, perfiles y tubos de acero, componentes fundamentales en la infraestructura de cualquier edificación. Aunque Brasil, China y Perú siguen siendo los principales países proveedores, el volumen total de estas transacciones se ha visto mermado.
Paralelamente a la escasez de insumos importados, los materiales de fabricación local han registrado incrementos de hasta un 70% en los últimos meses. El precio del cemento, por ejemplo, ha pasado de un rango de 45 a 49 bolivianos a cotizarse entre 60 y 70 bolivianos. La cerámica común ha visto su costo elevarse de 25 a 45 bolivianos por metro cuadrado, mientras que la madera ha duplicado su valor, de 4 a 8 bolivianos por pie cuadrado. Esta escalada de precios está ejerciendo una presión insostenible sobre los presupuestos de construcción, llevando a muchos proyectos al riesgo de suspensión o rescisión contractual.
Ante este panorama crítico, las principales entidades gremiales del rubro han elevado un conjunto de peticiones urgentes al Gobierno Nacional. Se ha solicitado la ampliación del Decreto Supremo que regula el ajuste de precios y plazos, cuya vigencia concluye a finales de mes, con el fin de ofrecer un marco de protección a las empresas frente a la volatilidad de los costos. Asimismo, se demanda la inclusión de materiales de producción nacional, como el cemento, ladrillo, cerámica y madera, en el listado de productos sujetos a reajuste contractual. Actualmente, estos insumos quedan excluidos, impidiendo a las constructoras solicitar revisiones de precios ante las alzas descontroladas.
Se ha expresado una profunda preocupación por la falta de justificación en estos incrementos desmedidos, especialmente considerando que insumos básicos para la producción, como el gas natural, no han experimentado variaciones significativas en sus tarifas. Por ello, se ha instado a las autoridades a investigar las causas detrás de lo que se considera una subida excesiva y sin aparente fundamento.
Adicionalmente, el sector ha señalado que los mecanismos de reajuste de precios existentes no se aplican con la celeridad y eficacia necesarias. Los trámites suelen quedar estancados en las instancias administrativas, y la falta de presupuesto en diversas entidades públicas impide la materialización de las soluciones. En este sentido, se ha solicitado la promulgación de un nuevo decreto que establezca procedimientos claros y ejecutables, garantizando que las medidas adoptadas se traduzcan en una solución real y tangible para la industria.
Estas advertencias son compartidas por otras cámaras sectoriales, que también han alertado sobre el impacto desproporcionado del aumento del cemento, que en algunos casos ha alcanzado hasta un 65%. Se ha enfatizado que esta situación es insostenible para muchas empresas y podría desencadenar una paralización masiva de proyectos en todo el territorio nacional, agravando la crisis que ya enfrenta la construcción. La incorporación del cemento en los decretos de reajuste de precios y la extensión de su vigencia por un período prudencial son consideradas acciones inmediatas para asegurar la continuidad de las obras y la prestación de servicios
