La administración municipal de Tarija se encuentra bajo escrutinio por el destino de fondos destinados a un ambicioso proyecto de modernización urbana, conocido como Ciudad Inteligente. La iniciativa, concebida para optimizar la administración pública y reforzar la seguridad ciudadana mediante la implementación de tecnología avanzada, ha generado profundas interrogantes tras tres años desde el anuncio de una auditoría exhaustiva, sin que hasta la fecha se hayan presentado avances o conclusiones concretas.

Desde el ámbito del Concejo Municipal, se ha expresado una creciente preocupación ante la opacidad que rodea este proceso. Un representante del cuerpo edilicio ha señalado la inversión de 53 millones de bolivianos durante la administración anterior, fondos que, según las declaraciones, no lograron materializar los objetivos propuestos para la transformación tecnológica de la ciudad. La falta de resultados tangibles ha alimentado las demandas de rendición de cuentas y la posible apertura de acciones legales contra los implicados en la ejecución y supervisión del proyecto.

El programa Ciudad Inteligente fue concebido en el periodo de gestión 2015-2020 con la visión de erigir a Tarija como un referente en seguridad urbana. El plan contemplaba la instalación de un sistema integral de videovigilancia en puntos estratégicos, la digitalización de trámites municipales y una gestión tecnológica unificada. No obstante, la puesta en marcha de estos componentes se vio marcada por irregularidades y resultados que distan de las expectativas iniciales.

La dilación en la presentación de los hallazgos de la auditoría, que comenzó formalmente en 2022, ha sido un punto de crítica recurrente. Si bien no se han ofrecido explicaciones oficiales sobre el retraso, se especula que la intrincada naturaleza técnica del proyecto podría estar complicando el proceso de revisión y análisis.

Un ejemplo palpable de las deficiencias del proyecto se observa en el componente de videovigilancia. El plan original preveía un monitoreo en tiempo real de áreas clave de la urbe. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama desalentador: una parte significativa de las cámaras no opera, otras nunca llegaron a funcionar correctamente, y la ausencia de un sistema de monitoreo centralizado y personal capacitado para su mantenimiento pone en entredicho la efectividad de la inversión realizada