La Asamblea Plurinacional de Bolivia ha dado su aprobación a un decreto de indulto presidencial en una sesión plenaria celebrada el jueves 16 de octubre. El secretario de la Cámara de Senadores, Roberto Padilla, anunció que la iniciativa contaba con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes.

Esta medida legislativa surge en un contexto de creciente preocupación por la situación de los centros penitenciarios del país. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto un alarmante nivel de hacinamiento, revelando que el 52% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva. Este dato subraya una profunda crisis de retardación de justicia, lo que llevó a la institución a instar a la toma de acciones urgentes. En respuesta a esta problemática, el Gobierno impulsó la elaboración de este nuevo decreto.

El articulado del indulto establece que el beneficio se concederá a personas privadas de libertad que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada y una pena privativa de libertad igual o inferior a diez años. Sin embargo, se especifican exclusiones para delitos relacionados con sustancias controladas, tipificados en la Ley 1008 y la Ley del Régimen de la Coca, siempre y cuando la sentencia exceda los diez años de prisión.

A pesar de la aprobación, la iniciativa no estuvo exenta de controversia. Un legislador de oposición, Carlos Alarcón, expresó serias objeciones, argumentando que el decreto, en su formulación actual, podría favorecer a individuos condenados por narcotráfico y no así a quienes se encuentran en detención preventiva, que son la mayoría de la población reclusa sin sentencia firme. Se señaló que el alcance del indulto se dirige explícitamente a condenados y no a personas bajo prisión preventiva. Además, se manifestó la preocupación de que ciertos acusados, presuntamente vinculados a casos de narcotráfico durante administraciones anteriores, podrían beneficiarse de la medida sin haber cumplido un solo día de reclusión efectiva.

No obstante las observaciones planteadas, la mayoría de los senadores y diputados que asistieron a la sesión decidieron dar su visto bueno al decreto, que ahora establece las condiciones para su aplicación