La sede gubernamental, conocida como “Casa Grande del Pueblo”, fue escenario de la última reunión del presidente Luis Arce y sus diecisiete ministros en la sala oval del piso trece. Este encuentro marcó el cierre de una etapa para el gabinete, quienes formalizaron su renuncia colectiva. La sesión se extendió por más de cinco horas, durante las cuales se promulgó una legislación final y se evocaron los desafíos más significativos enfrentados a lo largo de su mandato. Aunque la emoción se manifestó en privado con algunas lágrimas, los colaboradores del mandatario se mostraron serenos ante los medios, afirmando su partida con dignidad y la convicción de haber cumplido su labor.

Mientras la administración en retiro se prepara para su salida definitiva, diversas facciones políticas ya anuncian la puesta en marcha de exhaustivas investigaciones y acciones legales. Estas iniciativas se dirigirán contra todas las autoridades que concluyen su gestión, abarcando desde el presidente hasta los directores de menor rango. Las voces provienen tanto del Partido Demócrata Cristiano como de la bancada opositora de la alianza Libre, además de activistas que anticipan la presentación de denuncias penales. Un punto focal de estas futuras acciones recae en el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debido a sus acusaciones de 2024 contra varios ciudadanos, a quienes vinculó con un presunto “golpe” atribuido al general Juan José Zúñiga. Los afectados por estas imputaciones señalan que sus acciones no buscan venganza, sino justicia.

La última sesión del gabinete presidencial comenzó a las siete y media de la mañana y se prolongó más allá de la una de la tarde. En un breve lapso a media mañana, la prensa tuvo acceso para capturar imágenes, momento en el que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, discutía con el presidente Arce sobre los costos de uniformes militares, mientras el mandatario solicitaba coordinación con la cartera de Economía. A pesar del hermetismo general, trascendió que la reunión estuvo marcada por la rememoración de los momentos más complejos vividos durante los cinco años de gestión estatal. No faltaron expresiones de gratitud por la confianza depositada, y algunas autoridades salientes no pudieron contener las lágrimas en la despedida.

En el exterior, los periodistas aguardaron infructuosamente durante más de cinco horas el prometido acceso al edificio para una sesión fotográfica de despedida en el vestíbulo del Palacio Quemado, una expectativa que nunca se concretó. Las restricciones a la prensa, impuestas desde administraciones anteriores, persistieron hasta el último día del gobierno en funciones. Tras un almuerzo de camaradería, el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y los diecisiete ministros posaron para las cámaras oficiales en el vestíbulo del nuevo edificio y en el del Palacio Quemado, formando un semicírculo alrededor del escudo incrustado en el suelo.

Horas más tarde, algunos ministros se dejaron ver por la puerta principal del Palacio Quemado. Entre ellos, el ministro de Minería, Alejandro Santos, quien, con voz enérgica, manifestó su satisfacción y la convicción de partir con la frente en alto. “¿Por qué habríamos de huir? Hemos dedicado incontables horas al servicio del país, y por ello nos retiramos con la moral y la frente en alto, por haber trabajado para el pueblo boliviano”, declaró Santos. Por su parte, el ministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, explicó que, tras la salida del presidente Arce de la sala, los ministros redactaron y firmaron la carta de renuncia colectiva, la cual fue entregada a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para su posterior remisión al mandatario. Se espera la respuesta presidencial antes del viernes, mientras tanto, los ministros continuarán en sus funciones.

A los anuncios del gobierno entrante del PDC sobre la realización de auditorías en todas las dependencias estatales, se suman las demandas desde el ámbito parlamentario. El jefe de bancada de Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, ha solicitado la activación de una alerta migratoria y el arraigo de todas las autoridades salientes, incluyendo al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca y a los directores de entidades descentralizadas. López propuso que esta medida se mantenga por al menos seis meses, tiempo que permitiría una investigación exhaustiva para determinar posibles responsabilidades.

El diputado Armin Lluta, también de Libre, ha declarado que una de sus prioridades será la fiscalización e investigación de la administración saliente, especialmente en lo concerniente a la grave crisis económica que deja en el país. “Deberán rendir cuentas ante la ciudadanía y la justicia. Todos deben ser investigados, pues existen denuncias de diversa índole, desde asuntos personales hasta nepotismo y cobros irregulares. En el sector de la coca, por ejemplo, tenemos múltiples denuncias de cobros indebidos”, afirmó Lluta. Desde el Senado, José Manuel Ormachea, de la misma alianza, anunció una fiscalización que abarcará todas las gestiones pasadas, desde el primer mandato de Evo Morales hasta la administración que inicia con el PDC. Ormachea planteó la conformación de una comisión de la verdad para investigar las gestiones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora, sugiriendo que, en el caso de los exmandatarios, correspondería una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades.

Otro frente de denuncias penales surge de personalidades del ámbito político que fueron señaladas por Del Castillo en el documental “¿Qué pasó el 26J?”, presentado en abril, sobre el supuesto “golpe de Estado” de junio de 2024. Este material exhibía, con nombres y fotografías, a analistas, activistas y dirigentes como parte de un supuesto gabinete de Zúñiga. Una de estas personas ha revelado que está preparando una demanda penal contra Del Castillo por difamación y calumnias