El gobierno del presidente Luis Arce ha oficializado una nueva legislación que establece la postergación de pagos crediticios, una medida que había sido previamente aprobada por la Asamblea Legislativa y que entra en vigor a pesar de las objeciones planteadas por el gremio bancario y el sector empresarial.

La promulgación de esta normativa se produce tras un período de expectativa y demandas por parte de diversos colectivos sociales, quienes habían expresado su preocupación por la tardanza en su implementación. El texto legal fue hecho público este miércoles a través de la Gaceta Oficial del Estado, confirmando su entrada en vigencia.

Entre sus disposiciones centrales, la ley establece una moratoria automática, lo que significa que las entidades financieras deberán posponer el cobro de las cuotas de crédito por un lapso de seis meses. Esta facilidad se extiende a los préstamos destinados a vivienda de interés social y a los otorgados a microempresarios. La suspensión abarca no solo el capital, sino también los intereses acumulados, primas de seguros, comisiones y cualquier otro cargo asociado al crédito.

Adicionalmente, por el mismo período semestral, la ley decreta la suspensión a nivel nacional de mandatos judiciales como embargos, ejecuciones de sentencias, subastas, desahucios y otras acciones legales vinculadas al cobro de créditos de vivienda de interés social. Se ha especificado que esta moratoria no acarreará un aumento en las tasas de interés, la aplicación de multas o recargos por mora, la capitalización de intereses (anatocismo), ni la imposición de costos administrativos adicionales.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de su publicación, para emitir la reglamentación correspondiente a través de un Decreto Supremo.

La medida ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad bancaria, la cual ha expresado su preocupación por un posible impacto negativo en la liquidez del sistema financiero, lo que a su vez podría mermar la capacidad de las entidades para conceder nuevos préstamos. Desde el ámbito político, un legislador de la oposición ha manifestado su desacuerdo con la normativa, sugiriendo que su aprobación por parte del partido gobernante podría desestabilizar el sector financiero. El parlamentario ha adelantado su intención de proponer una iniciativa legislativa para anular o modificar esta postergación