En un acto solemne que marcó su despedida oficial de la institución castrense, el presidente Luis Arce, cuya gestión concluirá en noviembre, se dirigió a las Fuerzas Armadas en Sucre, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia. Durante su alocución, el jefe de Estado presentó una propuesta para una profunda reorientación estratégica de la doctrina militar, fundamentada en el principio de la autodeterminación de los pueblos. El objetivo central de esta iniciativa es prevenir futuras insubordinaciones internas y resguardar la nación de injerencias externas.
El mandatario enfatizó la necesidad de proyectar, para los próximos 25 años, una renovada política de seguridad y defensa nacional, inspirada en la soberanía popular y la protección integral del país. Esta visión doctrinal, según lo expresado, constituye un legado de su administración, destinado a ser analizado, debatido y, eventualmente, aprobado por las instancias pertinentes. Se busca forjar un estamento militar con un perfil renovado, arraigado en la sociedad y comprometido con sus ciudadanos, evitando cualquier confrontación con ellos. Se recalcó que el Bicentenario no solo honra el pasado, sino que también convoca a la construcción del futuro.
La intervención presidencial, que se extendió por aproximadamente trece minutos, fue intermitentemente interrumpida por manifestaciones de desaprobación, audibles incluso en las transmisiones oficiales. El momento de mayor rechazo se produjo cuando el presidente instó a la institución armada a proteger los activos nacionales vitales, haciendo referencia a la devastación ambiental provocada por los incendios forestales y a la gestión de las vastas reservas de litio. Ambas temáticas han generado un intenso debate público: en el caso de los incendios, se ha señalado la implicación de sectores afines al partido gobernante; respecto al litio, existen contratos con empresas de China y Rusia que aún no han sido ratificados por el poder legislativo, debido a la falta de consensos y a las críticas dirigidas a la administración.
Miles de ciudadanos se congregaron en Sucre para presenciar la tradicional parada militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y escuchar el anuncio presidencial. Sin embargo, la iniciativa no detalló si conllevaría una modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, normativa vigente desde 1992 y que ya había sido considerada en la Agenda Patriótica 2025 durante una administración anterior.
En su introducción, el presidente resaltó que las gestas independentistas y la propia creación de las Fuerzas Armadas tuvieron sus raíces en insurrecciones de pueblos originarios, lideradas por figuras históricas como Bartolina Sisa, Tupac Katari y Julián Apaza.
Se hizo una breve mención a dos episodios recientes de inestabilidad militar: el suceso de 2019, cuando el entonces comandante solicitó la dimisión de un presidente, y la revuelta de 2024, encabezada por un excomandante del Ejército. Ambos individuos habían sido figuras de confianza de los respectivos presidentes en ejercicio. El incidente de 2024, en particular, ha suscitado numerosas interrogantes y contradicciones que la justicia aún no ha logrado esclarecer, y el gobierno ha difundido material audiovisual vinculando a diversos analistas con los eventos de aquella jornada de junio.
Se subrayó que los acontecimientos de 2019 y 2024 revelan que la seguridad estatal no solo enfrenta amenazas externas, sino también desafíos internos derivados de conspiraciones políticas y rupturas institucionales. Por consiguiente, la nueva política de defensa debe consolidar la estabilidad democrática, salvaguardar la soberanía del voto popular y preservar la independencia de los poderes del Estado.
Mirando hacia el horizonte de 2050, el presidente recordó que gran parte del siglo XX la doctrina militar estuvo influenciada por paradigmas foráneos heredados del período de la Guerra Fría, los cuales, a su juicio, promovieron una visión autoritaria y subordinada a intereses económicos. Añadió que el país debe prepararse no solo frente a amenazas convencionales, sino también ante formas híbridas de desestabilización, como los ciberataques, la desinformación, la criminalidad transnacional y la competencia global por recursos vitales.
Por su parte, el máximo jefe de la institución castrense, Gerardo Zabala Álvarez, presentó un informe sobre los logros operativos del año, destacando acciones en la lucha contra el contrabando, la atención de desastres naturales y la defensa del orden constitucional. En la lucha contra el contrabando, se informó del despliegue de miles de efectivos en zonas fronterizas, quienes realizaron numerosas operaciones de control y desarticulación de rutas ilegales, con un impacto económico estimado en más de cien millones de bolivianos. Se afirmó que estas acciones fortalecen la economía nacional y consolidan la presencia del Estado en áreas estratégicas. Zabala también reportó la erradicación de miles de hectáreas de cultivos de coca excedentaria durante el primer semestre del año.
Desde el ámbito de los militares en retiro, Jorge Santistevan expresó preocupación, advirtiendo que la reforma propuesta podría transformar a las Fuerzas Armadas en una milicia con orientación socialista, basada en una doctrina de autodeterminación. Se cuestionó la pertinencia de tal propuesta en el tramo final de la actual administración gubernamental, dado que el traspaso de poder está previsto para el 8 de noviembre
