El presidente en funciones de Bolivia ha expresado su convicción de que el recién electo mandatario, Rodrigo Paz, enfrentará una intensa campaña de desgaste por parte del expresidente Evo Morales. Según el actual jefe de Estado, Morales buscaría posicionar a Paz como un objetivo vulnerable para reiniciar su propia trayectoria política y aspirar nuevamente a la presidencia.

La evaluación presidencial sugiere que el expresidente Morales ejercerá presión sobre la nueva administración para asegurar la anulación de acusaciones en su contra, garantizar la impunidad por presuntos delitos y facilitar su habilitación como candidato en futuras elecciones. Esta perspectiva se enmarca en un contexto donde la Fiscalía de Tarija ha formalizado recientemente una acusación contra Morales por trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor en 2016 y la consiguiente paternidad.

El mandatario saliente también ha señalado que el expresidente Morales habría influido en sus bases para apoyar la candidatura de Paz, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Paz se impuso en la segunda vuelta electoral, un hecho sin precedentes en la política boliviana, obteniendo el 54,61% de los votos frente al 45,39% logrado por el derechista Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre.

A lo largo de su gestión, el actual presidente ha enfrentado lo que describe como una persistente campaña para acortar su mandato. Ha denunciado la organización de bloqueos de carreteras con el fin de presionar a su gobierno y ha acusado al expresidente Morales de aliarse con sectores de la oposición en el Parlamento para obstaculizar las iniciativas de su administración. El presidente saliente afirmó que los intentos de Morales por removerlo antes de completar su periodo resultaron infructuosos, atribuyendo esta situación a la percepción del expresidente de que la candidatura de Paz era la más susceptible, a diferencia de la fortaleza demostrada por el gobierno actual. En este sentido, ha calificado al expresidente Morales como el principal artífice de la inestabilidad nacional, al haber asumido un rol de liderazgo opositor con el respaldo de la derecha.

En el ámbito económico, el gobierno actual asegura dejar un legado robusto, con soluciones estructurales para abordar la crisis de abastecimiento de combustibles y la escasez de dólares que afectan al país. Se han explorado 54 proyectos de gas natural, de los cuales 18 ya han demostrado resultados exitosos, y se anticipan más descubrimientos positivos en los próximos meses. Adicionalmente, se han establecido dos plantas de producción de biodiésel en Santa Cruz y El Alto, y se cuenta con el diseño de una planta de aceite vegetal hidrotratado (HVO) que, una vez construida, podría cubrir el 80% de la demanda interna de diésel. El presidente advirtió sobre el riesgo de una crisis más profunda si el país no avanza decididamente hacia la industrialización, la transformación de materias primas y la sustitución de importaciones.

Asimismo, ha instado al nuevo Parlamento a ratificar los acuerdos ya firmados con empresas de China y Rusia para la extracción directa de litio (EDL). Esta medida permitiría a Bolivia capitalizar el repunte de los precios internacionales de este recurso, generando beneficios significativos desde la producción hasta la comercialización de baterías.

Respecto a la estructura del Estado, el presidente saliente manifestó su esperanza de que la nueva administración preserve la esencia del Estado Plurinacional y la Constitución de 2009, aunque sí considera necesaria la supresión de la elección popular de magistrados y otras reformas.

Finalmente, el presidente ha informado que no asistirá a la ceremonia de cambio de mando presidencial, argumentando que, según el protocolo estatal, su presencia no es requerida. No obstante, ha garantizado una transición gubernamental caracterizada por la total transparencia.

La relación entre el presidente saliente y el expresidente Morales se ha mantenido distante desde finales de 2021, marcada por desacuerdos en las decisiones ejecutivas y una pugna por la candidatura presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del cual el expresidente renunció este año tras casi tres décadas como su líder