El arbitraje en el fútbol boliviano es un foco constante de debate, generando críticas recurrentes por parte de entrenadores, jugadores y directivos tras cada jornada de competición. Esta insatisfacción generalizada con la labor de quienes imparten justicia en el campo de juego subraya un desafío persistente para la disciplina.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, reconoció durante la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz 2025) que la mejora del arbitraje constituye una tarea pendiente para su administración. Afirmó que este aspecto ha dejado un sabor amargo en numerosos encuentros y anunció la presentación de un plan de reestructuración del arbitraje boliviano ante el Consejo.

Desde la Dirección de Desarrollo de Arbitraje de la FBF, se reconoce que, si bien existen deficiencias, también se registran aciertos. Un análisis de la situación revela que las objeciones son recurrentes, pero no abarcan la totalidad de los encuentros; la mayoría de los partidos se desarrollan con una conducción adecuada. Esto sugiere la existencia de un grupo de árbitros con buen desempeño, mientras que otro segmento aún comete errores. La implementación de un plan de profesionalización, sumado a la reestructuración prevista para el próximo año, se considera fundamental para elevar el nivel.

Se observa que las quejas y reclamos a menudo persisten debido a la perspectiva parcializada de los dirigentes, quienes tienden a evaluar las situaciones desde la óptica de su propio club. Las equivocaciones detectadas se atribuyen principalmente a dos factores: un deficiente posicionamiento ante las jugadas y una lectura incorrecta del desarrollo del juego. El objetivo es corregir estas fallas y asegurar que los árbitros más capacitados permanezcan en la División Profesional para la temporada 2026.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de una formación integral en las reglas de juego para todos los actores del fútbol, incluyendo jugadores, técnicos y dirigentes. Muchas observaciones y reclamos se basan en un sentido común y no en un conocimiento específico del reglamento, lo que invariablemente alimenta la polémica. Para alcanzar un arbitraje de calidad, es imperativo capacitar y seleccionar a quienes aplican las reglas de manera correcta.

En cuanto a la dotación de personal, el fútbol boliviano heredó en 2023 un contingente de 235 árbitros y árbitros asistentes de primera categoría para la División Profesional, de los cuales 120 poseen certificación VAR. Esta cifra se considera considerable para un calendario de ocho partidos por fecha. La FIFA, por su parte, recomienda para el balompié boliviano un total de 72 árbitros, distribuidos en 24 árbitros de campo, 24 asistentes y 24 especialistas en VAR, para quienes se está desarrollando una especialización. Este número fijo será el resultado de una serie de evaluaciones que se realizan este año, en el marco del plan de reestructuración. Para la Copa Simón Bolívar, se cuenta con 80 jueces, entre centrales y asistentes, mientras que la Liga Femenina tendrá 25 árbitras y 25 asistentes.

La selección de los árbitros ahora se basa en criterios técnicos objetivos, incluyendo evaluaciones físicas y mediciones de porcentaje de grasa, a diferencia de los criterios subjetivos previos de la Comisión de Árbitros. Ya se realizó un primer recorte, reduciendo el número de 235 a 98 para la máxima categoría, destinando el resto a la Copa Simón Bolívar. En diciembre se efectuará un segundo corte, separando a 26 más para alcanzar los 72 recomendados por el organismo rector del fútbol mundial.

La exigencia física también ha aumentado significativamente. Los árbitros son considerados atletas y, si bien las pruebas de resistencia de la FIFA (como los 4.000 metros) se realizaban anualmente, ahora se exigen cinco por temporada. En Bolivia, incluso se ha incrementado la prueba de resistencia a 5.000 metros. Quienes no cumplan con estos estándares serán relegados en el ranking. A pesar de estas pruebas de aptitud física y conocimiento del reglamento, los árbitros continúan enfrentando severos cuestionamientos en cada jornada, lo que a menudo resulta en recusaciones y suspensiones.

El fútbol boliviano aspira a que sus árbitros se profesionalicen y se dediquen a tiempo completo a su actividad, una realidad que aún no se ha concretado. Tras la selección de los 72 árbitros para la División Profesional en diciembre, se iniciará una fase de especialización. La tercera etapa, prevista para 2026, contempla la dedicación exclusiva, requiriendo que los árbitros estén disponibles para capacitaciones, evaluaciones y para dirigir partidos.

En 2023 se anunció la creación de la Academia Nacional de Árbitros para formar nuevas generaciones. El plan estructural ya está definido para su funcionamiento el próximo año, pendiente de la aprobación del Comité Ejecutivo de la FBF. Como parte de esta iniciativa, se trabaja en la capacitación de instructores, quienes tendrán a su cargo la docencia. Cuarenta y ocho asesores están siendo formados como instructores a través de cursos de cuatro meses impartidos por docentes internacionales, siguiendo una malla curricular diseñada para este propósito. Se estima que se necesitarán entre 28 y 30 instructores para el inicio de operaciones de la Academia Nacional de Árbitros. El plan de reestructuración está elaborado, pero su implementación y divulgación aún esperan la aprobación del Comité Ejecutivo de la FBF.

En cuanto a la remuneración, un árbitro FIFA en la División Profesional percibe 2.900 bolivianos por partido, mientras que los asistentes con la misma insignia cobran 2.500 bolivianos. Para los jueces nacionales, el central recibe 2.500 bolivianos, los asistentes 1.900 bolivianos, el cuarto árbitro 1.200 bolivianos (independientemente de su categoría FIFA o nacional), y el asesor 400 bolivianos. Los jueces VAR FIFA en cabina ganan 2.500 bolivianos, los de categoría nacional 1.900 bolivianos, el AVAR 1.200 bolivianos y el quality manager 1.000 bolivianos. Esta escala salarial rige desde 2019, y los jueces consideran que debería haber un incremento a partir de la próxima temporada, especialmente ante la actual situación económica del país.

Es obligación del club local pagar al equipo arbitral completo (campo y cabina) entre 20.000 y 22.000 bolivianos por cada partido de la División Profesional. Este monto incluye pasajes aéreos, estadía y viáticos. Los honorarios se negocian entre el Consejo Superior de la División Profesional y la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), con la Comisión de Árbitros y la Dirección de Desarrollo del Arbitraje actuando ocasionalmente como mediadores.

En la Copa Simón Bolívar, el central recibe 600 bolivianos, los asistentes 450, el cuarto árbitro 120 y el asesor 100 bolivianos. Esta escala se mantiene hasta los cuartos de final, con un incremento del 5% en semifinales y del 10% en la final. Únicamente en la serie de ascenso y descenso indirecto se designan jueces FIFA, quienes cobran las tarifas de la División Profesional. Los clubes de la Copa Simón Bolívar suelen solicitar rebajas en estos honorarios. Los viajes se realizan por vía terrestre, excepto a Cobija, donde se utiliza el avión. El tratamiento económico en la Liga Femenina es similar al de la fase regional de la Copa Simón Bolívar, y los equipos son de la ciudad sede del compromiso.

La aplicación de sanciones por errores arbitrales es una realidad. Rafael Calani, árbitro VAR, fue suspendido por tres meses por no convocar al juez de campo tras revisar imágenes de un partido entre Bolívar y Always Ready, donde un jugador cometió una doble infracción. Gabriel Mendoza, juez de campo en el mismo encuentro, recibió una suspensión de un mes. Otros casos incluyen a Héctor Sandoval y Bladimir Rueda, suspendidos por 70 días por una actuación incorrecta en el partido Blooming-Wilstermann, donde un futbolista sufrió lesiones graves por una entrada no sancionada. El club Real Tomayapo, por su parte, recusó a 16 árbitros en una sola fecha, aunque estas recusaciones, según los colegiados, carecían de fundamentación. Las acusaciones válidas y respaldadas, sin embargo, sí conllevan sanciones.

El objetivo de volver a tener árbitros nacionales en partidos de eliminatorias mundialistas, algo que no ha ocurrido en las últimas dos ediciones, es una meta clara. Este año, se ha observado un aumento en las designaciones de jueces bolivianos en competencias internacionales de categorías menores y de clubes. No obstante, la seguridad sigue siendo una preocupación, ya que en muchas ocasiones la terna arbitral debe ser escoltada por la policía debido a agresiones desde las gradas