Una reciente determinación judicial ha establecido que el procesamiento de la exmandataria Jeanine Áñez en el caso EBA se llevará a cabo bajo la figura del juicio de responsabilidades, reconociendo así su estatus de exjefa de Estado. Esta resolución ha sido confirmada por su representación legal.

El expediente EBA (Empresa Boliviana de Alimentos) se origina en una denuncia que acusa a la exautoridad de haber nombrado a una gerente que, según los señalamientos, no reunía los requisitos exigidos para el cargo. Aunque el proceso se inició por la vía penal ordinaria, un tribunal de sentencia posterior invalidó las actuaciones previas, dictaminando que la vía legal apropiada para juzgar a una exmandataria era el juicio de responsabilidades.

La defensa ha señalado que, si bien diversas entidades interpusieron apelaciones contra esta determinación, una Sala Penal se rehusó a considerar el fondo de dichas impugnaciones, argumentando su improcedencia. Asimismo, se ha indicado que la interposición de un recurso de amparo contra esta resolución ya no es viable, dado que han transcurrido más de seis meses desde su emisión.

Actualmente, los trámites se orientan a trasladar el expediente a la Fiscalía General del Estado, la institución encargada de investigar presuntos delitos cometidos por exmandatarios durante el ejercicio de sus funciones. De continuar el procedimiento, la decisión final sobre la prosecución del juicio contra la exmandataria recaerá en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá aprobarlo o desestimarlo con una mayoría de dos tercios. En esta fase legislativa, la Comisión de Constitución asume el rol de parte acusadora.

Además del caso EBA, la exmandataria enfrenta otros procesos penales, incluyendo los relacionados con los sucesos de Senkata y Sacaba. No obstante, su equipo legal sostiene que la resolución del caso EBA establece un precedente crucial, indicando que su procesamiento en todos los casos debería ser bajo la modalidad de juicio de responsabilidades. Según la perspectiva de su defensa, la determinación en el caso EBA representa la única instancia judicial que ha abordado de manera exhaustiva y conforme a derecho la prerrogativa de la exmandataria de ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades. Esta postura implica que, a su juicio, los demás procesos en curso carecen de la debida legalidad.

La exmandataria ha permanecido bajo detención preventiva por un período de cuatro años, habiendo sido trasladada desde el penal de Obrajes a su actual reclusión en Miraflores