Un reciente dictamen judicial ha marcado un giro significativo en el proceso legal contra la expresidenta, Jeanine Áñez, en relación con la promulgación del decreto 4356 de septiembre de 2020. Esta resolución constituye la quinta ocasión en que un caso que la involucra es trasladado de la jurisdicción ordinaria a un juicio de responsabilidades, desestimando así la acusación que la señalaba por presuntamente beneficiar a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).

La defensa de la exmandataria había interpuesto una excepción de incompetencia, argumentando que el caso debía ser conocido bajo un régimen de privilegio. Un juez de instrucción ha validado este planteamiento, dejando sin efecto las actuaciones previas en la justicia ordinaria. Esta decisión se fundamenta en la naturaleza de los hechos, que habrían ocurrido durante el ejercicio de sus funciones presidenciales.

En octubre de 2020, durante su gestión, la entonces presidenta Áñez había dispuesto, mediante una adenda, la extensión por quince años de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio a Fundempresa. Este acto generó controversia y fue objeto de censura. Posteriormente, el gobierno de Luis Arce inició un proceso judicial adicional en su contra por este motivo.

En diciembre de 2020, el presidente Luis Arce abrogó el decreto 4356, calificándolo de ilegal, y anunció la creación de un nuevo sistema de registro de empresas bajo control estatal. Consiguientemente, en octubre de 2021, se emitió el decreto 4596, que estableció el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Fue esta cartera de Estado la que impulsó la querella inicial por la ampliación de la concesión dispuesta por la gestión de Áñez.

Con esta reciente determinación, los expedientes conocidos como ‘Golpe I’, ‘EBA’, ‘Senkata’, ‘Sacaba’ y ahora ‘Fundempresa’ han sido remitidos a la instancia de juicio de privilegio. No obstante, la defensa de la expresidenta aún debe abordar otros cinco procesos legales que siguen su curso.

La exmandataria ha manifestado reiteradamente que estos procedimientos judiciales forman parte de una estrategia de persecución política. Según su perspectiva, estas acciones buscan castigarla por haber asumido la presidencia en un período de crisis institucional, tras acusaciones de fraude electoral y la posterior renuncia y salida del país de las autoridades precedentes