El reciente anuncio del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) de retirarse del balotaje para la Gobernación de La Paz ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político. La decisión se tomó sin consultar a su candidato, René Yahuasi, lo que ha generado un clima de controversia y cuestionamientos sobre la legitimidad de dicha medida.

Andrés Gómez, abogado y periodista que también se postuló en las elecciones subnacionales como candidato a gobernador, ha sido uno de los críticos más destacados. A través de sus redes sociales, Gómez hizo referencia al artículo 53, inciso C, de la Ley de Régimen Electoral, que establece sanciones para los partidos que declinan su participación en la segunda vuelta electoral con menos de 45 días de antelación a la votación. En este sentido, Gómez argumentó que NGP podría enfrentarse a la cancelación de su personería jurídica por infringir el derecho democrático del electorado a elegir y formar un gobierno.

La situación se complicó aún más cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó oficialmente el retiro de NGP, lo que permitió que Luis Revilla fuera proclamado como nuevo gobernador de La Paz. Édgar Uriona, líder del partido, justificó esta decisión al señalar comportamientos inapropiados por parte de Yahuasi tras la confirmación del balotaje. Uriona criticó duramente a su candidato, sugiriendo que sus acciones estaban motivadas por intereses personales y una falta de ética, lo cual podría reflejarse en su futura gestión.

Por su parte, Yahuasi no tardó en responder a las acusaciones. Denunció haber sido objeto de chantajes y presiones por parte del liderazgo del partido. Esta controversia ha puesto sobre la mesa el debate sobre el papel que deben jugar las organizaciones políticas en una democracia y cómo deben manejarse las candidaturas y decisiones internas.

Andrés Gómez también subrayó que el principio fundamental en una democracia es el voto popular. En este contexto, acusó a Uriona de estar violando derechos constitucionales al impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en una segunda vuelta electoral para elegir un gobierno departamental legítimo. Además, recordó que según el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos deben actuar como entidades sin fines de lucro y con responsabilidad hacia la ciudadanía. Por ello, reiteró su expectativa de que el TSE tome medidas contra NGP por su decisión unilateral.

La polémica no solo pone en evidencia las tensiones internas dentro del partido NGP, sino también plantea interrogantes sobre la transparencia y ética en los procesos electorales bolivianos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera una respuesta tanto del TSE como de los actores involucrados para clarificar esta compleja situación política.