El décimo aniversario del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, conocido como el 21F, transcurrió sin grandes actos conmemorativos ni pronunciamientos oficiales, pero su significado histórico sigue vigente en el escenario político boliviano. Este referendo, que resultó en la victoria del NO a la reelección indefinida del entonces presidente Evo Morales, ha sido señalado por expresidentes, líderes políticos y analistas como un momento crucial que marcó el inicio del declive de la era del Movimiento al Socialismo (MAS) y su denominado proceso de cambio.

En una jornada marcada por la discreción institucional, un pequeño grupo de activistas se reunió en la plaza Murillo para recordar la fecha portando pancartas que evocaban el significado político y social del 21F. Paralelamente, diversas figuras públicas expresaron sus opiniones a través de redes sociales, destacando la relevancia de aquella consulta popular y sus consecuencias para el país.

El analista político Iván Rada subrayó que el referendo tuvo un carácter histórico al representar un punto de inflexión para Bolivia. Según su análisis, el resultado no solo impidió que Morales y su círculo cercano continuaran en el poder mediante una nueva repostulación presidencial, sino que también simbolizó la negativa colectiva de los bolivianos a perpetuar un proyecto político considerado continuista. Este rechazo popular fue interpretado como una expresión contundente contra cualquier intento de perpetuación en el poder bajo las mismas estructuras políticas.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa calificó al referendo como “el inicio del fin” para Evo Morales. En declaraciones anteriores a medios nacionales, Mesa había señalado que las elecciones generales de 2019 representaron una segunda etapa de ese proceso político iniciado con el 21F. Sin embargo, reconoció que pese al rechazo inicial reflejado en el referendo, el MAS logró retomar el control gubernamental en 2020, lo cual evidenció las complejidades y dinámicas cambiantes dentro del sistema político boliviano.

Otro exmandatario, Jorge Quiroga, también se sumó al debate público sobre esta fecha histórica mediante sus redes sociales. En su mensaje recordó cómo hace una década gran parte de los demócratas dieron inicio al fin de lo que calificó como “la tiranía evista” cuando Bolivia dijo NO a la reelección indefinida. Además, destacó un respaldo jurídico importante recibido cinco años después por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual cerró las puertas legales a intentos futuros por perpetuar mandatos presidenciales indefinidos. Quiroga complementó sus reflexiones con cuestionamientos sobre acciones judiciales pendientes contra Evo Morales por daños presuntamente causados a la democracia y la economía nacional durante su gobierno.

La expresidenta Jeanine Añez ofreció también su visión sobre este aniversario recordando que el 21F no fue un hecho fortuito sino una manifestación clara del pueblo boliviano negándose a someterse a imposiciones autoritarias. Para ella, aquel referendo representó la voz colectiva que defendió con firmeza el voto ciudadano, la Constitución Política y los principios democráticos frente a los intentos posteriores por silenciar o perseguir a quienes defendieron esa decisión popular.

El contexto legal y político que rodeó al referendo fue complejo y marcó profundamente los acontecimientos posteriores. La pregunta formulada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consultaba si la ciudadanía estaba de acuerdo con reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que el presidente o vicepresidente pudieran ser reelectos dos veces consecutivas. Esta norma consideraba como primera reelección al periodo 2015-2020 y como segunda reelección al lapso 2020-2025. La mayoría electoral se manifestó en contra con un 51,3% frente al 48,7% que apoyaba dicha reforma.

Dos eventos previos contribuyeron a erosionar la imagen del gobierno masista y condicionaron fuertemente el ambiente político en torno al referendo. El primero fue una denuncia pública realizada por un periodista acerca de contratos millonarios otorgados a favor de una empresa china llamada CAMC. Esta situación derivó en un escándalo mayor cuando se revelaron vínculos personales entre Evo Morales y Gabriela Zapata, exdirigente juvenil del MAS con quien se afirmó tuvo un hijo. Aunque este caso generó gran conmoción social y política, nunca fue plenamente aclarado ni investigado hasta sus últimas consecuencias por las instancias legislativas o judiciales correspondientes.

Posteriormente, en 2017 un año después del referendo, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una resolución polémica (084/2017) que habilitó legalmente a Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera para postularse indefinidamente pese al resultado negativo en las urnas. Esta decisión fue vista como una violación directa a lo establecido en la Constitución Política del Estado y desató críticas severas desde diversos sectores políticos y sociales.

El analista Iván Rada enfatizó que este desconocimiento explícito tanto hacia la Constitución como hacia la voluntad popular representada en las urnas generó un desgaste irreversible para el régimen masista. Considera además que los magistrados involucrados en estas decisiones tendrán eventualmente responsabilidades políticas e incluso legales por haber avalado dicha candidatura contraria al mandato constitucional.

A pesar del retroceso temporal representado por esta habilitación judicial y posterior retorno al poder del MAS en 2020, Rada resaltó también el coraje ciudadano evidenciado durante las protestas sociales ocurridas en 2019 tras denuncias internacionales sobre fraude electoral. Ese movimiento popular renovado volvió a poner sobre la mesa temas fundamentales relacionados con defensa democrática bajo consignas como “¡Nadie se cansa, nadie se rinde!”.

Este conjunto histórico configura al 21F como un movimiento ciudadano emblemático que demostró compromiso democrático frente a tendencias autoritarias percibidas dentro del país. A diferencia de algunas posturas políticas particulares –como señaló Rada refiriéndose a Quiroga– esta victoria popular no puede ser atribuida exclusivamente a ningún líder o partido específico sino más bien debe entenderse como expresión genuina e independiente del pueblo boliviano.

En términos electorales recientes vinculados directamente con las secuelas políticas iniciadas tras aquel referendo constitucional, cabe destacar que las elecciones generales celebradas en 2025 confirmaron una significativa derrota electoral para el MAS. Según analistas políticos consultados durante ese periodo electoral, este partido apenas alcanzó un porcentaje marginal cercano al 3%, cifra mínima necesaria para evitar perder oficialmente su inscripción legal como agrupación política.

Finalmente, es importante recordar algunos datos concretos relacionados con aquella consulta popular: fue convocada mediante ley emitida por el Legislativo sin iniciativa directa ciudadana; obtuvo participación mayoritaria pero dividida; ganó la opción NO en seis departamentos (Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), mientras que ganó SÍ en tres departamentos (La Paz, Cochabamba y Oruro). Estos resultados reflejaron también tensiones regionales dentro del país respecto al proyecto político liderado entonces por Evo Morales.

En conclusión, diez años después del referendo constitucional del 21F Bolivia sigue experimentando las consecuencias políticas derivadas aquella consulta histórica cuyo impacto trascendió más allá del simple resultado electoral para convertirse en símbolo fundamental dentro del debate democrático nacional contemporáneo. El recuerdo discreto pero presente entre activistas civiles y exlíderes políticos confirma su vigencia como referente esencial para comprender los ciclos recientes vividos por esta nación sudamericana