En el corazón de La Paz, una mujer de 86 años, Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), mantiene una vigilia ininterrumpida. Su puesto improvisado, junto a un tarro rojo para donaciones que lleva un mensaje de agradecimiento para la Apdhb, se ha convertido en un símbolo de su persistente lucha. Esta presencia constante, inicialmente establecida junto a la sede de la organización en la avenida 6 de Agosto, ha continuado en la calle desde su desalojo del edificio en junio de 2023.

Con una voz que denota profunda aflicción, la activista expresa su desconcierto ante la situación, enfatizando que su batalla no es personal, sino por la restauración de los derechos humanos. Cuestiona cómo una persona de su edad puede verse obligada a permanecer en la vía pública por un periodo tan prolongado, una realidad que la ha llevado a la desesperación.

La trayectoria de Amparo Carvajal abarca 54 años de dedicación a Bolivia, país al que llegó desde España en medio de una dictadura. Durante décadas, ha sido una voz incansable en la defensa de los derechos de indígenas y campesinos, participando activamente en movimientos históricos como la marcha por el Tipnis, las movilizaciones en favor de presos políticos y en casos emblemáticos como el Hotel Las Américas y Porvenir. Su labor ha sido reconocida con numerosos galardones, incluyendo el de personaje del año, una nominación al Premio Nobel de la Paz, distinciones del gobierno de Estados Unidos y menciones en medios internacionales. Sin embargo, en esta etapa de su vida, la aparente indiferencia de las instituciones estatales y una memoria colectiva frágil la han dejado en una situación de vulnerabilidad, dependiendo de la caridad pública para subsistir, mientras paradójicamente continúa recibiendo y documentando denuncias de quienes buscan justicia.

En su modesto puesto, la activista eleva el tarro de las donaciones, haciendo tintinear las monedas en un intento por captar la atención de los transeúntes. No obstante, la mayoría de las personas simula distracción, acelerando el paso con una notoria indiferencia. A pesar de estas condiciones precarias, víctimas de violaciones a sus derechos humanos acuden a ella, entregándole sus testimonios y documentos. Carvajal y sus colaboradores registran meticulosamente cada queja en un cuaderno, garantizando que la oficina itinerante de la Apdhb continúe su labor. Diariamente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, reciben entre cuatro y seis denuncias provenientes de La Paz, El Alto y otras regiones del país, un trabajo que se sostiene gracias al apoyo ocasional de la ciudadanía.

Una presencia constante de aproximadamente seis agentes policiales se observa cerca de la vigilia de Carvajal. Su función, sin embargo, no es proteger a la activista, sino impedir cualquier acercamiento a las puertas de la Casa de los Derechos Humanos. Según uno de los guardias, el acceso al edificio ha estado restringido por más de dos años. En la terraza, las banderas boliviana y wiphala, descoloridas y desgastadas por el tiempo y la intemperie, ondean como un mudo testimonio de un abandono institucional. Carvajal ha intentado en varias ocasiones ingresar a las oficinas, recibiendo como única respuesta que los oficiales cumplen órdenes superiores. Sus cartas dirigidas a ministerios como el de Gobierno y Justicia, así como a la Fiscalía, en busca de explicaciones, no han obtenido respuesta. Ante la Defensoría del Pueblo, se le habría solicitado un documento notariado que acredite su presidencia, mientras que el Fiscal General habría manifestado tener problemas de mayor envergadura.

A pesar de la compleja situación, muchas personas se acercan a Carvajal para ofrecerle palabras de aliento, expresando la esperanza de que un cambio en la administración gubernamental pueda resolver su predicamento. Sin embargo, ella misma confiesa su incertidumbre ante tales expectativas, un sentimiento que a menudo la embarga en momentos de profunda tristeza.

La difícil situación de Carvajal en relación con la Apdhb se remonta a diciembre de 2021, cuando se estableció una dirigencia paralela, presuntamente con el aval del gobierno. Edgar Salazar fue nombrado presidente de esta nueva facción, y Carvajal fue expulsada de la entidad debido a su postura en los acontecimientos de 2019. Entre 2022 y 2023, la tensión escaló con varios episodios de confrontación entre ambas representaciones, culminando con la toma física de dos oficinas de la Apdhb por parte de Salazar. Estos hechos han derivado en denuncias ante la Fiscalía por allanamiento, usurpación del Número de Identificación Tributaria y otras acciones penalmente relevantes