En un contexto económico nacional marcado por la creciente preocupación ciudadana ante el aumento del costo de vida, se ha suscitado una controversia en torno a la comercialización de carne de res. Consumidores de diversas regiones del país han manifestado su inquietud por los precios que consideran excesivos, especialmente en productos alimenticios básicos, señalando a los revendedores como artífices de un incremento desproporcionado en el valor de la carne. Según las denuncias, estos intermediarios estarían obteniendo márgenes de beneficio que oscilan entre los 12 y 20 bolivianos por kilogramo, una situación que agrava la ya difícil situación económica de muchas familias.

En la ciudad de Tarija, las quejas ciudadanas se han hecho particularmente audibles. Residentes locales expresan su frustración ante el impacto del alza de precios en su economía doméstica, indicando que el poder adquisitivo de sus ingresos se ha visto significativamente mermado. Ejemplos concretos señalan que presupuestos familiares que anteriormente cubrían las necesidades alimentarias por varios días, ahora resultan insuficientes incluso para periodos más cortos.

Un análisis de precios en establecimientos de venta de carne en la ciudad tarijeña revela una variabilidad considerable según el tipo de corte. La carne molida común se encuentra en un rango de precios entre 43 y 46 bolivianos por kilo, mientras que la versión especial asciende hasta los 58 bolivianos. Otros cortes populares como la carne para asado y el puchero se ofrecen a 52 y 22 bolivianos por kilo respectivamente. Los cortes considerados de mayor calidad, como nalga, filete y blanda, alcanzan precios entre 64 y 66 bolivianos por kilogramo.

Ante este panorama, productores ganaderos han expresado su inquietud, desvinculándose de las acusaciones de especulación y señalando que el sector primario no se beneficia de los precios finales al consumidor. Argumentan que el proceso de crianza del ganado requiere una inversión considerable de tiempo, extendiéndose entre cuatro y cinco años. Actualmente, la venta de ganado en pie a intermediarios se realiza a un precio aproximado de 30 bolivianos por kilo, un valor que contrasta notablemente con los precios que se observan en los mercados. Estos productores solicitan la intervención de las autoridades para establecer mecanismos de regulación que permitan una distribución más equitativa de las ganancias a lo largo de la cadena productiva y comercial.

Por su parte, representantes de los comerciantes minoristas de carne han rechazado categóricamente las acusaciones de prácticas abusivas. Argumentan que los márgenes de ganancia son reducidos y que, en algunos casos, incluso operan con pérdidas. Señalan que el costo de adquisición de la carne en pie, conocido como kilo gancho, se sitúa entre 39 y 40 bolivianos, y que los precios de venta al público varían significativamente dependiendo del corte y origen de la carne, oscilando entre 10 y 60 bolivianos. Adicionalmente, han anunciado acciones legales contra quienes los acusan públicamente de inflar los precios, argumentando que estas declaraciones generan especulación y distorsiones en el mercado.

Mientras tanto, productores ganaderos del oriente del país advierten sobre la posibilidad de nuevos incrementos en los precios del ganado, lo que podría impactar aún más en el abastecimiento y en los costos para el consumidor final.

En respuesta a esta situación, el gobierno ha manifestado su preocupación y ha implementado medidas para intentar contener el alza de precios. Se ha mantenido la suspensión de los cupos de exportación de carne desde principios de febrero, buscando asegurar el abastecimiento del mercado interno y moderar los precios. Si bien el gobierno no se opone a las exportaciones, ha señalado al sector ganadero como responsable de los incrementos en el costo del producto, argumentando que el aumento del precio del ganado en pie ha encarecido la carne en el mercado interno, haciendo más rentable la venta local que la exportación.

Representantes gubernamentales han denunciado públicamente la existencia de márgenes de ganancia considerados excesivos en la venta minorista de carne, estimándolos entre 9 y 22 bolivianos por kilo, a pesar de una reciente disminución en el precio del kilo gancho a nivel de frigoríficos. Se ha instado a los representantes de los trabajadores del sector cárnico a participar en mesas de diálogo para buscar acuerdos que protejan los intereses de los consumidores. Asimismo, se ha convocado al sector ganadero a justificar su estructura de costos, buscando transparencia y soluciones conjuntas ante esta problemática que afecta directamente el bolsillo de la población

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