En el sur de la ciudad de Cochabamba, la situación que atraviesan las comunidades asentadas en las zonas de Nuevo Amanecer y Bajo Salvador, ubicadas en el Distrito 8, ha alcanzado un nivel crítico que ha llevado a la Alcaldía a declarar estas áreas como zonas de desastre. Esta medida responde a la presencia constante de deslizamientos y hundimientos ocasionados por fallas geológicas que afectan gravemente las estructuras habitacionales y la infraestructura vial. La experiencia de Justina Mamani, una mujer de 71 años que observa desde una pequeña abertura el interior derruido de su antigua casa de tres pisos, refleja el drama que viven cientos de familias en esta región. Su vivienda presenta grietas profundas, pilares desplazados, paredes caídas y ventanas torcidas como consecuencia del movimiento incesante del terreno. Sin embargo, ella y su esposo continúan residiendo en un modesto refugio improvisado con calaminas dentro del mismo predio, evidenciando la falta de alternativas habitacionales inmediatas para los damnificados.

La Alcaldía ha reconocido la gravedad del problema y está impulsando gestiones para dotar nuevos terrenos a las familias afectadas por los deslizamientos en esta zona y otras localidades cercanas como Takoloma y Ticti Sur. Según informó Dennis Rosales, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos municipal, se está trabajando en coordinación con la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) para facilitar el acceso a viviendas sociales. Este proceso implica una evaluación rigurosa para determinar quiénes califican para estos beneficios bajo las normativas internas vigentes. Paralelamente, el municipio se comprometió a entregar terrenos municipales a un total estimado de 376 familias damnificadas para que puedan iniciar los trámites correspondientes ante AEVivienda. Esta medida busca brindar una solución integral a largo plazo ante la pérdida o daño severo de sus viviendas originales.

En cuanto al avance concreto del proceso, se destaca que para los vecinos afectados en Takoloma ya existe un procedimiento avanzado para la entrega de lotes en un área denominada Uspha Uspha. Allí se proyecta la subdivisión de un terreno destinado a 91 lotes con superficies aproximadas superiores a los 200 metros cuadrados cada uno. Este proyecto contempla varias etapas administrativas: primero, la protocolización y registro catastral ante Derechos Reales; luego, la aprobación municipal mediante una ley específica que autorice al Ejecutivo transferir gratuitamente estos lotes; finalmente, el envío del proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación definitiva. Este itinerario legal es necesario para asegurar una transferencia formal y segura del dominio territorial hacia las familias beneficiarias.

Para las comunidades ubicadas en Nuevo Amanecer y Bajo Salvador aún se iniciarán los trámites para asignarles terrenos disponibles en otros distritos municipales —principalmente el 9 o el 15— mediante procesos formales conocidos como enajenación. Sin embargo, estas gestiones enfrentan obstáculos adicionales ya que involucran diversas instituciones estatales como Derechos Reales y requieren aprobación legislativa nacional para formalizar las transferencias individuales. Además, existe reticencia por parte algunos vecinos residentes en esas áreas potenciales receptores de nuevos asentamientos, quienes manifiestan rechazo hacia estas iniciativas debido a preocupaciones sociales o territoriales.

Desde la Dirección de Bienes Municipales se aclaró que históricamente no se han otorgado derechos propietarios privados sobre terrenos municipales sin cumplir con los procedimientos establecidos y que muchos residentes afectados no cuentan aún con títulos legales ni planos aprobados sobre sus actuales propiedades. También se enfatizó que no es posible ofrecer terrenos cercanos a las zonas declaradas como desastre debido al riesgo latente e irreversible generado por las fallas geológicas activas.

La persistencia e inevitabilidad del fenómeno geológico fue subrayada por Rosales al señalar que estas fallas tienen profundidades considerables —como el caso particular de Takoloma donde alcanza aproximadamente 50 metros— lo cual implica un desplazamiento continuo e imprevisible del suelo. Las lluvias intensifican estos movimientos provocando aceleración en los deslizamientos y haciendo inhabitables esas áreas sin posibilidades reales de estabilización o recuperación segura.

Mientras tanto, algunas familias han optado por abandonar sus viviendas dañadas buscando refugio temporal con parientes o mediante alquileres; no obstante, otras permanecen en condiciones precarias dentro de sus casas comprometidas por temor o falta de recursos para reubicarse inmediatamente. Esta realidad pone en evidencia una problemática social compleja donde convergen factores técnicos geológicos con aspectos humanos relacionados a vivienda digna, seguridad y apoyo institucional.

En resumen, el escenario actual demanda una respuesta coordinada entre autoridades municipales nacionales e instituciones especializadas para garantizar soluciones habitacionales adecuadas a las familias afectadas por estos desastres naturales recurrentes. La entrega progresiva pero segura de terrenos municipales debidamente legalizados junto con programas sociales vinculados al acceso a vivienda social constituyen pasos fundamentales para mitigar el impacto negativo sobre estas comunidades vulnerables expuestas permanentemente al riesgo geológico irreversible. Asimismo, es imprescindible fomentar solidaridad entre vecinos y promover conciencia sobre la importancia evitar especulaciones urbanísticas o reventas ilegales en estas zonas declaradas inhabitables por razones técnicas verificables. Con este enfoque integral será posible avanzar hacia condiciones más estables y seguras para quienes hoy viven atrapados entre grietas físicas y dificultades socioeconómicas profundas generadas por este fenómeno natural persistente