La empresa Smart Solutions mantiene sus operaciones en lo que respecta al control de velocidad vehicular y la emisión de notificaciones por infracciones de tránsito. La administración municipal de Tarija, a pesar de haber manifestado una intención inicial, no formalizó la rescisión del contrato relacionado con los sistemas de fotomultas. En consecuencia, el acuerdo contractual permanece en plena vigencia, y las penalizaciones para los conductores que exceden los límites de velocidad continúan siendo aplicables.
Previamente, la municipalidad había remitido una comunicación expresando su propósito de anular el convenio. Sin embargo, esta intención no fue posteriormente confirmada, incluso tras un encuentro directo entre representantes de ambas partes. Adicionalmente, una acción de amparo constitucional presentada por un ciudadano para cuestionar el proyecto fue desestimada por las autoridades judiciales.
Conforme a las estipulaciones del contrato vigente, la recaudación de las multas impuestas a los infractores debe implementarse de manera progresiva hasta alcanzar la totalidad. El propio documento contractual establece diversas condiciones que podrían dar lugar a su terminación anticipada. Una de estas condiciones, que no ha sido cumplida por la municipalidad, es la designación de un representante oficial que sirva de enlace con la empresa. Esta omisión persiste, a pesar de las reiteradas comunicaciones escritas enviadas por la firma a las autoridades municipales solicitando el establecimiento de este canal de comunicación esencial.
Smart Solutions ha realizado una inversión aproximada de 1.5 millones de dólares en el desarrollo e implementación de todo el sistema y su infraestructura operativa. El contrato tiene una extensión de una década, proyectándose su validez hasta el año 2034. Esta duración implica que el acuerdo podría trascender varias gestiones municipales.
La compañía subraya que su propósito no es la imposición de los términos contractuales actuales. Por el contrario, manifiesta su disposición a entablar un diálogo y explorar posibles optimizaciones del documento. No obstante, cualquier iniciativa para una modificación o renegociación debe originarse en el gobierno municipal, cuyas intenciones o propuestas específicas en relación con el proyecto aún no han sido claramente explicitadas.
Ante el considerable escrutinio público y los cuestionamientos que ha generado el proyecto, la postura y las declaraciones del alcalde son consideradas de particular relevancia. La empresa, por su parte, reitera su compromiso de cumplir con lo estipulado en el contrato, buscando evitar cualquier acción que pudiera dar lugar a su incumplimiento
