Bolivia enfrenta una escalada sin precedentes en la afectación por fenómenos meteorológicos extremos. Hasta agosto, más de 601.000 familias han sido damnificadas por la combinación de lluvias, granizo y heladas, lo que representa un incremento sustancial respecto a periodos anteriores y subraya la creciente vulnerabilidad del país frente al cambio climático.
En el departamento de Tarija, la situación es particularmente crítica. La mayoría de sus gobiernos municipales se han visto obligados a declarar estado de emergencia, enfrentando una severa escasez de recursos económicos para responder a la frecuencia e intensidad de los eventos naturales. Granizadas, inundaciones, sequías y heladas, directamente vinculadas al impacto del cambio climático, han desbordado la capacidad de las administraciones locales, que ahora dependen de la asistencia de las autoridades departamentales y nacionales para socorrer a las poblaciones afectadas.
El panorama de daños es desolador en varias regiones. Municipios como Cercado, San Lorenzo, El Puente y parte de Entre Ríos han sufrido el embate de lluvias torrenciales y granizadas que han arrasado hasta el 80% de su producción agrícola. Paralelamente, en Villa Montes, Caraparí, Yunchará y Bermejo, la sequía amenaza gravemente los cultivos, la ganadería y las fuentes de agua potable en numerosas comunidades.
En Cercado, las autoridades locales han implementado medidas de apoyo para las familias golpeadas por la reciente granizada, distribuyendo bombas antigranizo, fertilizantes y plantines. No obstante, reconocen que la magnitud de los perjuicios supera su capacidad de respuesta, haciendo indispensable el respaldo externo. En distritos rurales como Tolomosa, San Jacinto, Yesera Norte, Yesera y San Sebastián, las pérdidas en cultivos esenciales como arveja, maíz, papa, cebolla y hortalizas alcanzan hasta un 80%.
La situación en El Puente no es menos alarmante. Las recientes granizadas han devastado más del 60% de la producción de durazno en los valles de Tomayapo y Paicho. A esto se suma el grave deterioro de los cultivos de zanahoria y cebolla en la cuenca del río San Juan del Oro. Aunque en zonas como Huarmachi e Iscayachi el impacto agrícola fue menor, se reportaron daños significativos en el ganado menor.
Por su parte, la administración de San Lorenzo ha registrado lluvias con granizo, aunque los daños a la producción agrícola no han alcanzado niveles críticos hasta el momento. Sin embargo, se advierte que la falta de presupuestos específicos limita drásticamente la capacidad de respuesta, a diferencia de gestiones pasadas donde existían fondos especiales para estas emergencias. Se ha solicitado cooperación urgente de los niveles departamental y nacional para afrontar los efectos del cambio climático en la región.
Las familias campesinas, cuya subsistencia depende casi por completo de la agricultura y la ganadería, se han declarado en estado de emergencia ante la insuficiencia del apoyo institucional. Denuncian que los programas y proyectos de asistencia no llegan con la celeridad ni la cobertura necesarias. A esta crisis se añade el drástico aumento de los precios de fertilizantes y agroquímicos, que se han triplicado en esta gestión, elevando los costos de producción y mermando la capacidad productiva. Existe un clamor por apoyo técnico, créditos y proyectos concretos que permitan la producción, advirtiendo que, de lo contrario, las comunidades rurales corren el riesgo de despoblarse. La Asociación de Regantes ha instado a la Asamblea Legislativa a aprobar leyes crediticias y a establecer un seguro agrícola que garantice la recuperación de sus inversiones.
Mientras las autoridades municipales aguardan una respuesta con planes de contingencia más amplios y sostenibles por parte del gobierno nacional, la realidad es que el cambio climático ha dejado de ser un problema ocasional para transformarse en una amenaza constante. Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria no solo del departamento, sino de todo el país.
Frente a la ineficacia de algunas soluciones institucionales, como mallas o radares antigranizo, que resultan costosas e inaccesibles para la mayoría de los productores, las familias campesinas del Valle Central de Tarija han recurrido a métodos ingeniosos. En municipios como Uriondo, Cercado y San Lorenzo, se utilizan bombas caseras para proteger sus cultivos de hortalizas, viñedos y frutales de las recurrentes granizadas, una práctica que ha demostrado ser eficaz
