El alcalde de El Valle de la Concepción, Javier Lazcano Quiroga, se encuentra en el centro de una controversia legal tras abstenerse de declarar ante la Fiscalía de Tarija en relación con un proceso penal que lo involucra por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esta situación se origina a raíz de una obra pública que nunca fue ejecutada, pero que dejó un anticipo significativo en manos de la empresa contratista.

La denuncia fue presentada a principios de marzo de 2026 por un grupo de concejales, entre ellos Alfredo Cayhuara Jiménez, Lily Gareca Reyes de Vega y Elvis Oliver Torres Aguiar. Los ediles señalan que el proyecto en cuestión, titulado “Construcción del Centro Turístico y Cultural La Angostura, Etapa 1”, había sido adjudicado por un monto total de Bs 8.093.105,51. A través de este contrato, firmado en 2018 con la constructora Ibaza Ltda., representada por Julio Adolfo Alemán Lafuente, se desembolsó un anticipo de Bs 1.621.622, garantizado por una póliza a primer requerimiento emitida por la aseguradora Fortaleza.

Sin embargo, cuando Lazcano asumió como alcalde el 3 de mayo de 2021, la obra aún no había comenzado su ejecución. De acuerdo con los denunciantes, esto se debió a que no se había liberado el derecho de vía necesario ni se habían realizado las gestiones pertinentes ante la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad encargada del proceso.

A medida que avanzaba su gestión, los concejales afirmaron que Lazcano no tomó las medidas adecuadas para facilitar el inicio del proyecto. En junio de 2023, informes de supervisión revelaron que no era posible emitir la orden para proceder con la construcción y recomendaron recuperar el anticipo que no había sido utilizado. Esta recomendación fue respaldada por informes técnicos y financieros posteriores que corroboraron la falta de avance en el proyecto.

Fue solo en marzo de 2024 cuando la Alcaldía decidió resolver el contrato bajo alegaciones de fuerza mayor y caso fortuito, tal como lo estipula la normativa sobre contrataciones públicas. No obstante, Ibaza Ltda. rechazó estos argumentos y se negó a devolver el anticipo recibido.

La denuncia también destaca que la situación empeoró porque la garantía a primer requerimiento no fue renovada a tiempo, lo cual impidió su ejecución efectiva. Como consecuencia directa, los recursos públicos entregados como anticipo permanecieron con el contratista a pesar del incumplimiento en la realización del proyecto, lo que ha generado un presunto daño económico al Estado.

En su comparecencia ante la Fiscalía este viernes por la mañana, Lazcano optó por ejercer su derecho constitucional al silencio y no emitió declaración alguna sobre las acusaciones en su contra. Es importante mencionar que el alcalde también es candidato a reelección por el Frente Agropecuario Unido en los comicios programados para el 22 de marzo.

Fuentes del Ministerio Público han comunicado que las investigaciones están aún en una fase preliminar y se buscará determinar tanto las posibles responsabilidades entre funcionarios municipales en relación con la caducidad de las garantías contractuales como también examinar la conducta del contratista frente a esta problemática financiera vinculada a los recursos públicos.