Tras la reciente jornada electoral, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, ha exhortado al presidente electo, Rodrigo Paz, a materializar el compromiso de descentralizar los recursos públicos. Esta medida se concretaría mediante un pacto fiscal que propone una distribución del 50% de los fondos.

El burgomaestre tarijeño ha indicado que, de implementarse esta iniciativa, la Alcaldía Municipal de Tarija podría duplicar sus ingresos por coparticipación tributaria, lo que significaría un aporte adicional de aproximadamente 200 millones de Bolivianos. Torres enfatizó la determinación de su administración de fiscalizar el cumplimiento de esta promesa, buscando confirmar si se trata de una política genuina o una estrategia de campaña.

Estos recursos adicionales están proyectados para cubrir necesidades esenciales en el sector de la salud, incluyendo ítems de personal y gastos operativos, así como para financiar diversas obras municipales. Entre los proyectos contemplados se encuentran el asfaltado de vías, la instalación de sistemas de semaforización, mejoras generales en la infraestructura urbana y la adquisición de maquinaria indispensable.

Por su parte, el diputado electo del PDC, Horacio Calisaya, ha asegurado que esta propuesta gubernamental será una realidad, en línea con el objetivo de fortalecer las autonomías departamentales y municipales en todo el país. Calisaya argumentó que la asignación del 50% de los recursos públicos a las regiones es crucial para dinamizar sus economías. Subrayó que este es un compromiso asumido, vital para Tarija, y criticó la concentración de hasta el 85% de los fondos en el Estado central, lo que, a su juicio, genera una estructura estatal desproporcionada.

La iniciativa de distribución 50/50, impulsada por el presidente electo Rodrigo Paz, persigue una asignación equitativa del presupuesto nacional, beneficiando al gobierno central, las diversas regiones del país y las instituciones universitarias estatales. Aunque la autonomía fue formalmente establecida en la Constitución Política del Estado y mediante legislación durante administraciones anteriores, su implementación práctica ha sido limitada. La nueva gestión, bajo el liderazgo de Paz, se ha propuesto revertir esta situación y asegurar la plena operatividad de los principios autonómicos