El debate en torno a los anteproyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos de caminos ha tomado un cariz más intenso tras las declaraciones del diputado Carlos Alarcón, autor de uno de los documentos. El legislador aseguró que no retirará su propuesta y convocó a la ciudadanía a respaldarla, incluso sugiriendo que se someta a referéndum para legitimar su aplicación.
Alarcón enfatizó que, pese a las demandas para que se desista de la ley antibloqueos, su proyecto permanecerá vigente. Además, invitó a sectores empresariales, profesionales y a la sociedad en general a participar en un proceso de socialización durante dos semanas, con el objetivo de promover su iniciativa.
Este anteproyecto se distingue por su dureza, ya que no solo contempla procesar penalmente a quienes organicen bloqueos, sino que también exime de responsabilidad penal a policías y militares que intervengan en el desbloqueo de rutas. Esto implica que, en caso de fallecimientos durante estas acciones, los agentes de seguridad no serían imputables.
El diputado defendió su propuesta argumentando que es necesario erradicar la cultura de los bloqueos, que calificó como una forma de “matonaje” violento que afecta a millones de personas y pone en riesgo la viabilidad del país. Para él, es fundamental reemplazar esta práctica por una cultura orientada al progreso y al desarrollo.
Por su parte, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha anunciado que se unificarán los cuatro proyectos existentes, incluyendo uno que se encuentra en la Cámara de Senadores, para elaborar un solo texto legal. En este proceso se prevé realizar ajustes a la propuesta de Alarcón.
Los otros tres anteproyectos también buscan endurecer las sanciones contra los bloqueos, proponiendo penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión. El bloque mayoritario en la Cámara de Diputados ya ha comenzado a consolidar los votos necesarios para aprobar estas iniciativas en el pleno.
Finalmente, Alarcón reiteró que una ley de esta naturaleza debería ser sometida a referéndum para que la población en su conjunto otorgue legitimidad a la norma. Mientras tanto, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su rechazo a estas propuestas, en contraste con el respaldo expresado por sectores empresariales
