La investigación sobre el operativo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) en el Hotel La Américas, ocurrido en abril de 2009, continúa siendo un asunto pendiente y de gran relevancia en la esfera judicial y policial. Este operativo, que terminó con la muerte de varios individuos, ha generado una serie de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que aún no han sido resueltas plenamente. En este contexto, uno de los exacusados y sobrevivientes del suceso ha hecho un llamado al nuevo Gobierno para que autorice formalmente la identificación y el procesamiento de todos los oficiales involucrados en aquel episodio.
La persistencia de esta demanda refleja la complejidad del caso y la dificultad para avanzar en las investigaciones, a pesar de que han transcurrido más de una década desde los hechos. Juan Carlos Guedes, quien ha desempeñado un papel tanto como víctima como testigo, ha expresado su frustración ante la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades encargadas. La denuncia inicial fue presentada por la Defensoría del Pueblo, pero según Guedes, no se ha recibido un seguimiento serio ni efectivo. Esto pone en evidencia una posible falta de voluntad o dificultades institucionales para esclarecer un caso que involucra a miembros que actualmente ocupan altos rangos dentro de la Policía Boliviana.
Cabe destacar que muchos integrantes originales de la Utarc han ascendido a grados superiores como coroneles y tenientes coroneles, lo que añade una dimensión política y jerárquica al proceso investigativo. Esta situación genera preocupación sobre posibles encubrimientos o conflictos internos que podrían obstaculizar el avance del caso. La trascendencia del operativo y sus consecuencias no solo radican en las muertes ocurridas sino también en las acusaciones de torturas y ejecuciones sumarias que pesan sobre los oficiales implicados.
Este caso debe diferenciarse del denominado “Caso Terrorismo”, que también involucra a víctimas reconocidas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras aquel proceso fue llevado ante instancias internacionales y sentó precedentes importantes sobre violaciones a derechos fundamentales durante el gobierno anterior, el operativo en el Hotel La Américas permanece con investigaciones abiertas y sin resoluciones definitivas. La CIDH ha reconocido explícitamente a varias víctimas del operativo —entre ellas ciudadanos bolivianos y extranjeros— como sujetos afectados por graves violaciones, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
Desde una perspectiva legal, la denuncia contra los miembros de Utarc no prescribe debido a que se trata de delitos considerados de lesa humanidad. Esto implica que las autoridades judiciales tienen la obligación ética y legal de continuar con las indagaciones sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos. Sin embargo, según información obtenida desde dentro del cuerpo policial, existen obstáculos prácticos para avanzar: recientemente se reasignaron tanto al investigador policial como al fiscal encargado en La Paz, pero no se ha presentado un requerimiento formal para tomar declaraciones ni para obtener la lista completa de oficiales involucrados.
La falta de acción concreta por parte de la Defensoría del Pueblo es otro elemento crítico señalado en esta situación. A pesar del tiempo transcurrido y las pruebas acumuladas, este organismo no ha impulsado activamente los procedimientos necesarios para reactivar el caso judicialmente. El contacto con sus responsables ha sido infructuoso ante los intentos reiterados por obtener información o declaraciones al respecto.
En cuanto a las repercusiones políticas y sociales, este caso adquiere mayor importancia dado que enfrenta al Estado boliviano con obligaciones internacionales para garantizar justicia plena a las víctimas. La CIDH prepara nuevas instancias para abordar violaciones cometidas durante gobiernos anteriores, lo cual incluye procesos contra expresidentes y exautoridades vinculadas con estos hechos. La voluntad estatal para colaborar con estas investigaciones será decisiva para definir si Bolivia cumple con sus compromisos en materia de derechos humanos.
Por otro lado, dentro mismo del ámbito policial se ha reavivado el debate sobre cómo manejar esta situación ante los próximos ascensos dentro del Alto Mando. Se manejan listas preliminares donde figuran oficiales presuntamente involucrados en el operativo del Hotel La Américas. Para evitar daños mayores a la institucionalidad policial y preservar su integridad moral ante la sociedad, es fundamental contar con autorizaciones claras para investigar rigurosamente estos casos. Solo así se podrá evitar que personas implicadas asciendan sin haber enfrentado responsabilidades legales pertinentes.
Una voz autorizada dentro del Alto Mando policial ha subrayado la importancia crucial de que tanto el comandante general como el ministro responsable autoricen oficialmente estas investigaciones y faciliten toda información necesaria a la Fiscalía General del Estado. Esto permitiría evitar situaciones donde otros oficiales inocentes puedan verse comprometidos o manchados injustamente por hechos pendientes aún sin esclarecer.
En definitiva, este caso representa un desafío vigente para Bolivia tanto en términos judiciales como institucionales. Las demandas por justicia emanadas desde las víctimas y sobrevivientes persisten frente a un contexto donde altos mandos policiales están involucrados directa o indirectamente. La resolución definitiva dependerá en gran medida del compromiso político e institucional actual para enfrentar adecuadamente estas denuncias históricas sin dilaciones ni obstrucciones burocráticas.
El avance en esta investigación no solo implica reparación para quienes sufrieron daños irreparables sino también un paso fundamental hacia el fortalecimiento democrático y respeto irrestricto por los derechos humanos dentro del país
