Una significativa controversia ha surgido en torno a la Disposición Normativa Regional (DINORE) 33, que regula la canasta alimentaria destinada a los adultos mayores en la región. Una destacada asambleísta regional ha señalado que la única voz disidente respecto a esta normativa proviene del ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

La legisladora subrayó la plena vigencia de la DINORE 33, enfatizando que su aprobación se realizó en el marco de la autonomía regional. Explicó que la Constitución boliviana reconoce dos tipos de autonomía: la departamental, ejemplificada por Tarija, y la regional, específica para el Chaco. Ambas poseen la facultad de emitir sus propias disposiciones normativas para su regulación, operando como entidades autónomas con competencias intrínsecas.

En este contexto, la asambleísta cuestionó la base argumental del ejecutivo al sugerir que la Asamblea Regional debería haber derogado la Ley Departamental 072. Aclaró que la Asamblea Regional carece de competencia para modificar o abrogar leyes de ámbito departamental.

Para la representante legislativa, la postura del ejecutivo no solo pone en tela de juicio la DINORE 33, sino que también, por extensión, desafía la propia autonomía regional, exhibiendo lo que calificó como una inconsistencia discursiva. Detalló que, por un lado, el ejecutivo prioriza la ley departamental al referirse a la canasta alimentaria para los adultos mayores, otorgándole mayor peso que a la normativa regional. Por otro lado, cuando el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija concede personerías jurídicas a organizaciones dentro de la región, la autoridad regional opta por desconocerlas.

La asambleísta interrogó si la autonomía regional es valorada por la autoridad solo cuando el tema concierne a la canasta para los adultos mayores, sugiriendo que la autonomía es utilizada por el ejecutivo únicamente cuando le reporta un beneficio político o económico.

Asimismo, la legisladora apuntó que si el ejecutivo tenía objeciones sustanciales con la DINORE 33, resulta incomprensible por qué, a lo largo de cinco años de gestión, no presentó un proyecto para modificar la normativa y buscar un consenso con los diversos sectores involucrados.

Finalmente, la asambleísta denunció que el ejecutivo procedió de manera arbitraria a reducir el monto de la canasta alimentaria de 200 a 100 bolivianos. Esta acción, según su criterio, constituye una violación de la norma vigente y podría implicar la comisión de delitos como incumplimiento de deberes y desobediencia a la normativa establecida