La reciente revocación por parte de una corte estadounidense de una indemnización superior a los 200 millones de dólares vinculada al accidente aéreo del Chapecoense ha generado un cambio significativo en el marco legal relacionado con este caso. Según el abogado Samuel Durán, representante de Celia Castedo, la decisión judicial abre un nuevo panorama que podría impactar directamente a las víctimas y cuestionar la distribución de responsabilidades económicas derivadas del siniestro ocurrido en 2016.
Durán señaló que el fallo estadounidense parece buscar deslindar responsabilidades del reaseguro involucrado, evitando así que esta entidad asuma la reparación económica correspondiente a los daños materiales, que superan los 800 millones de dólares. En este sentido, explicó que existen tres procesos legales abiertos en torno al caso: un laudo arbitral, una demanda civil y un juicio penal en Bolivia, ninguno de los cuales ha concluido hasta la fecha. Por lo tanto, consideró que la sentencia estadounidense carecía de viabilidad debido a la falta de resolución definitiva en los tribunales bolivianos.
El abogado también advirtió que, en caso de que el reaseguro no asuma la indemnización, las víctimas podrían emprender acciones legales en Estados Unidos, dado que la compañía reaseguradora tiene su sede en dicho país. Esta situación se presenta a pesar de que el accidente involucró a un avión que despegó de Bolivia, se estrelló en Colombia y fue fabricado en Inglaterra.
En cuanto a la responsabilidad administrativa, Durán enfatizó que el informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia, elaborado conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), no atribuye culpa alguna a funcionarios bolivianos en el accidente. El documento señala que la causa del siniestro se relaciona con vacíos normativos y aspectos administrativos, pero no con acciones específicas de servidores públicos, incluyendo a Castedo.
Respecto a la situación judicial de Celia Castedo, el abogado confirmó que actualmente reside en Bolivia y participa activamente en su defensa durante el proceso penal, que se encuentra en etapa de juicio. Explicó que el procedimiento ha sufrido diversas suspensiones, no imputables ni a Castedo ni al Ministerio Público, sino a la falta de participación de ciertas instituciones estatales que deberían intervenir como partes procesales.
Finalmente, Durán desmintió categóricamente que su defendida haya tenido la autoridad para autorizar el plan de vuelo de la aerolínea involucrada. Según indicó, esta competencia corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que fue la entidad encargada de aprobar el plan presentado por la compañía aérea. Además, señaló que la DGAC, que actualmente actúa como denunciante, ha intentado responsabilizar a Castedo, a pesar de que los manuales de la OACI establecen claramente que ella no tenía facultades para decidir sobre la salida del vuelo
