Un abogado especializado en derecho constitucional ha expresado su preocupación por la posibilidad de un conflicto de competencias entre la gobernación de Tarija y el gobierno central. Esteban Ortuño ha señalado que la normativa presentada por el gobernador, que incluye la suspensión de pagos y la transferencia de recursos impuestos por el gobierno nacional, podría ser inaplicable.
Según Ortuño, la situación se complica debido a que en Bolivia no se sigue estrictamente la pirámide de Kelsen, lo que hace que el principio de competencia esté en vigor. Esta circunstancia podría dar lugar a un enfrentamiento entre las dos entidades, lo que requeriría un proceso de conciliación previo a cualquier acción legal ante el Tribunal Constitucional.
El abogado explicó que existen dos vías para llevar a cabo este proceso de conciliación. La primera implica un diálogo directo entre las partes involucradas, mientras que la segunda opción, contemplada en la Ley Marco de Autonomías, permite llevar el asunto ante el Servicio Nacional de Autonomías. Sin embargo, Ortuño advirtió que estos procedimientos suelen ser prolongados, lo que podría retrasar la resolución del conflicto
