La Asamblea Regional del Gran Chaco se encuentra en el centro de una controversia administrativa y laboral, marcada por serias acusaciones de vulneración de derechos. Representantes de la institución y sus propios miembros denuncian una prolongada falta de pagos salariales que afecta tanto al personal administrativo como a los asambleístas. Se informa que desde el inicio del año en curso, los empleados no han percibido sus remuneraciones, mientras que los asambleístas acumulan tres meses sin recibir sus salarios correspondientes.
Esta situación ha generado una creciente preocupación, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones esenciales. Se ha señalado que, durante este periodo de irregularidades financieras, tampoco se han efectuado las contribuciones a la Caja Nacional de Salud (CNS) ni a la Gestora Pública de pensiones. Esta omisión en los pagos podría acarrear consecuencias económicas adicionales para la institución en el futuro, en forma de multas y recargos.
Ante este panorama, se ha anunciado la presentación de una denuncia formal ante las instancias correspondientes. La acción legal se dirigiría específicamente contra el presidente de la Asamblea Regional, a quien se responsabiliza directamente por la falta de gestión en la transferencia de recursos necesarios para el funcionamiento de la institución. Se argumenta que el presidente tenía la obligación de asegurar la disponibilidad de fondos, ya sea a través de gestiones administrativas o mediante la activación de mecanismos de débito automático. La denuncia también se extendería al ámbito del Ministerio de Trabajo, buscando una intervención que garantice el respeto a los derechos laborales del personal afectado.
En otro orden de asuntos, se recuerda que la Asamblea Regional había trabajado en una propuesta de reestructuración interna con el objetivo de optimizar el gasto público. Este proyecto, que implicaba ajustes en la estructura administrativa, fue aprobado por una mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea. Se estima que la implementación de esta nueva estructura podría generar un ahorro significativo para la institución, cercano a los dos millones de bolivianos. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de 25 días desde la aprobación de la resolución, se denuncia que el presidente de la Asamblea aún no habría remitido la documentación pertinente al ejecutivo regional para su puesta en marcha.
Finalmente, persiste la controversia en torno al nombramiento del Oficial Mayor de la Asamblea. Tras la presentación de una denuncia previa ante el Ministerio Público, basada en presuntas irregularidades en la designación y la aparente falta de requisitos profesionales por parte del funcionario, se informa que la investigación judicial se encuentra en un punto muerto. Se alega que no se ha convocado a los asambleístas denunciantes para prestar declaración, lo que ha generado inquietud sobre el avance del proceso. Los asambleístas involucrados en esta denuncia tienen previsto reunirse en los próximos días para analizar la situación y definir los pasos a seguir
