La región del Gran Chaco se enfrenta a un escenario económico desafiante que pone en riesgo su autonomía administrativa. La disminución de los ingresos provenientes de las regalías hidrocarburíferas ha generado una situación de desequilibrio financiero, donde las responsabilidades y obligaciones legales del gobierno regional superan significativamente los recursos disponibles.
Así lo reconoció un alto funcionario del ejecutivo regional, quien expresó su preocupación ante la posibilidad de que esta situación comprometa la sostenibilidad de la autonomía chaqueña, un logro largamente defendido por la población local. Según sus declaraciones, la administración regional está trabajando intensamente para evitar este desenlace y preservar la autonomía.
El problema central radica en la existencia de un conjunto de leyes que, si bien fueron promulgadas en un contexto de mayor bonanza económica, hoy imponen cargas financieras insostenibles para el gobierno regional. Estas normativas establecen diversas obligaciones y responsabilidades que, con la actual reducción de ingresos, resultan difíciles de cumplir.
Ante esta realidad, se plantea la necesidad urgente de revisar y ajustar el marco legal vigente. El funcionario regional señaló que se está considerando la modificación o incluso la derogación de algunas de estas leyes, con el objetivo de adecuar las exigencias legales a la capacidad financiera actual de la región. Paralelamente, se están realizando gestiones para buscar fuentes de financiamiento adicionales que permitan asegurar la continuidad de la autonomía regional en el largo plazo.
El representante del ejecutivo regional desmintió categóricamente que la región se encuentre en una situación de quiebra. No obstante, admitió que, al igual que otras entidades territoriales, el Gran Chaco está experimentando una contracción económica significativa debido a la reducción de las regalías, la disminución en la producción de gas y la renegociación de contratos en el sector hidrocarburífero.
Esta coyuntura ha provocado una drástica reducción de los fondos presupuestados para la presente gestión. Los ingresos mensuales, que en 2024 rondaban los 11 millones de bolivianos, han descendido a un promedio de 6.2 a 6.4 millones en el inicio de este año. Esta disminución impacta directamente en la capacidad de la región para cumplir con programas y leyes preexistentes, como la normativa que destina el 10% de los recursos a cada uno de los tres municipios que componen el Gran Chaco.
Esta ley en particular, la número 3038, fue aprobada en un periodo de abundancia económica, previo a la consolidación de la autonomía regional. En el contexto actual de ingresos limitados, su cumplimiento se vuelve cada vez más complejo. La autoridad regional advirtió que la persistencia de este tipo de obligaciones, sin una fuente de financiamiento adecuada, podría obstaculizar la gestión y el desarrollo de la región.
Entre las responsabilidades que el gobierno regional debe atender se encuentran áreas cruciales como la salud, la educación y programas sociales de gran impacto, como el Prosol y la entrega de canastas alimentarias a adultos mayores y personas con discapacidad. El financiamiento de estas obligaciones, que en gran medida se canaliza a través de los municipios, representa una carga considerable para las arcas regionales.
Un factor adicional que agrava la situación financiera del Gran Chaco es su dependencia de fuentes de financiamiento limitadas. A diferencia de los municipios, que cuentan con ingresos propios provenientes de impuestos locales, el gobierno regional se sustenta principalmente en las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta estructura financiera, sumada a la disminución de los ingresos por hidrocarburos, genera una gran vulnerabilidad económica.
Para ilustrar la magnitud del desafío, el funcionario mencionó el caso específico de las canastas alimentarias para adultos mayores. Solo en Yacuiba, se distribuyen 10,000 canastas, y en toda la región del Gran Chaco, la cifra asciende a 15,000, lo que representa un desembolso anual de 30 millones de bolivianos únicamente para este programa social.
La situación económica del Gran Chaco requiere, por tanto, un análisis profundo y la adopción de medidas estratégicas que permitan garantizar la viabilidad de su autonomía en el contexto actual de restricciones financieras. La revisión del marco legal y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos se presentan como elementos fundamentales para superar este complejo panorama
