La Cámara de Diputados ha dado luz verde a una nueva legislación que introduce modificaciones sustanciales a la Ley del Régimen Electoral vigente. La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 112, fue aprobada en la reciente sesión del jueves con un respaldo mayoritario que superó los dos tercios de los votos.
La normativa recién aprobada se articula en tres artículos principales y una disposición transitoria. Uno de los puntos centrales de esta reforma es la instauración del debate público obligatorio para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado. Según el texto legal, estos debates deberán llevarse a cabo de manera presencial y en un plazo no mayor a 15 días previos a la fecha de las elecciones.
La legislación también contempla sanciones para aquellos candidatos que incumplan con la obligación de participar en los debates. Inicialmente, se había establecido una sanción económica, cuyo monto equivaldría al costo total de la transmisión del debate electoral. Sin embargo, durante el debate parlamentario, se incorporó una modificación que endurece las penalizaciones. Ahora, el incumplimiento no solo acarreará la multa económica, sino también el retiro inmediato de toda la pauta publicitaria del candidato infractor en medios de comunicación y plataformas de difusión masiva.
Se anticipa que esta última medida tendrá un impacto significativo, incluso mayor que la sanción pecuniaria, en la estrategia de campaña de los candidatos que opten por no participar en los debates obligatorios. Con este esquema de incentivos y penalizaciones, se busca asegurar la presencia y participación activa de los candidatos en estos espacios de discusión pública.
En el contexto de una eventual segunda vuelta electoral, la obligatoriedad del debate público se mantiene. En este caso, los candidatos deberán confrontar sus propuestas en un debate que se celebrará dentro de los diez días posteriores a la primera ronda de votación.
El organismo electoral será el encargado de la organización de una serie de debates, garantizando así su realización y correcto desarrollo. Además, se prevé la elaboración de un reglamento que establezca las pautas y condiciones para aquellos debates que sean organizados por medios de comunicación u otras entidades.
En otro orden de temas electorales, se ha informado que aún persiste un proyecto de ley pendiente de aprobación en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proyecto, que se espera sea abordado en la próxima sesión plenaria convocada para el martes, se centra en la asignación de recursos financieros para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)