La situación del abastecimiento de combustibles en Bolivia ha alcanzado niveles críticos, con el gobierno reconociendo su incapacidad para asegurar la entrega total de diésel y gasolina. Esta crisis se debe a la escasez de divisas, que ha llevado a que las estaciones de servicio se vean inundadas de largas filas de vehículos. Para intentar mitigar el problema, YPFB ha propuesto actuar como intermediario en la importación de combustibles para los sectores minero y agrícola, aunque esta opción ha sido rechazada por diversas organizaciones que desconfían de la estatal y piden la eliminación de las restricciones a las importaciones.

El contexto es especialmente delicado, ya que coincide con la cosecha de verano de granos, una actividad que genera más de dos mil millones de dólares y que se ve amenazada por la falta de diésel. Este grano es fundamental para el sector ganadero, ya que sus derivados son esenciales para la producción de carne y pollo en el país. Ante esta situación, los productores han establecido bloqueos en Yapacaní y Concepción exigiendo un suministro adecuado de combustible.

Armin Dorgathen, presidente de YPFB, informó que la empresa solo puede despachar entre el 40% y el 50% del combustible necesario, lo que imposibilita garantizar el abastecimiento completo. A pesar de que se ha solicitado la libre importación de combustibles, los trámites burocráticos siguen siendo un obstáculo. Dorgathen también destacó que la capacidad de despacho en la planta de almacenamiento en el puerto de Arica ha mejorado, pero aún hay un gran número de cisternas detenidas debido a la falta de pagos.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, subrayó las dificultades para obtener las divisas necesarias para cubrir la demanda, especialmente en el sector productivo. La situación ha sido criticada por expertos, quienes advierten que la caída en la producción de YPFB era predecible y sugieren que el gobierno debería reconsiderar sus prioridades de inversión.

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores, Jorge Méndez, ha expresado su frustración, argumentando que el sector privado podría importar combustibles de manera inmediata si se eliminaran las restricciones burocráticas. A su juicio, el gobierno debería permitir la libre importación para evitar una crisis aún mayor.

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, también ha manifestado su preocupación por el impacto que esta crisis tendrá en la economía, particularmente en la cosecha de verano y en la cadena de suministro de alimentos. La CNI ha convocado a una cumbre para discutir soluciones y la necesidad de reformas estructurales en el sector hidrocarburífero.

Mario Moreno, líder de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo, ha calificado de irresponsable al gobierno por su falta de preparación ante la crisis y ha exigido la liberalización total del mercado de combustibles. La situación actual ha generado un clima de descontento y urgencia entre los sectores productivos, que esperan respuestas concretas para evitar mayores perjuicios en la economía del país