La exclusión de niños con autismo en instituciones educativas de Tarija destaca la falta de capacitación docente y la urgencia de promover la educación inclusiva en el sistema escolar.
La reciente denuncia sobre la expulsión de más de 15 estudiantes con autismo en Tarija ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa. La falta de formación específica para los docentes y la violación del derecho a la educación de los niños con autismo plantean la necesidad de abordar la educación inclusiva de manera urgente.
La reciente denuncia sobre la expulsión de más de 15 estudiantes con autismo en Tarija ha suscitado un profundo malestar en la comunidad educativa y entre las familias de los menores afectados. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad urgente de abordar la educación inclusiva en el sistema escolar del país, donde la falta de capacitación de los docentes se ha convertido en un obstáculo significativo para garantizar el derecho a la educación de todos los niños.
Blanca Leni Cabrera, quien se desempeña como representante de la Asociación de Padres de Familia de niños con autismo, ha manifestado su indignación ante este hecho, señalando que los estudiantes fueron retirados de sus aulas con el pretexto de la inexistencia de maestros capacitados para atender sus necesidades específicas de aprendizaje. Cabrera ha subrayado que la exclusión de estos menores no solo es una violación de su derecho a la educación, sino que también refleja un problema estructural dentro del sistema educativo que debe ser urgentemente abordado.
“Es inaceptable que en pleno siglo XXI se permita que nuestros niños sean marginados del sistema educativo. La falta de formación específica para los docentes no puede ser utilizada como justificación para negarles sus derechos fundamentales”, ha afirmado con vehemencia. Aunque Cabrera optó por no revelar los nombres de las instituciones educativas implicadas, ha indicado que la mayoría de los niños afectados pertenecen al nivel inicial, lo que sugiere que la situación podría ser más común de lo que se imagina.
En respuesta a estas serias acusaciones, las autoridades pertinentes del sector educativo han hecho hincapié en que la educación inclusiva es un derecho inalienable para todos los niños y niñas. Desde el Ministerio de Educación, se ha reiterado que no existe ninguna normativa que ampare la expulsión de estudiantes con autismo. Las autoridades afirmaron que cualquier incidente de esta naturaleza será objeto de investigación y sanción conforme a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, que promueve una educación equitativa y sin discriminación.
“Estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, independientemente de su condición. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los casos reportados y tomaremos las medidas necesarias para prevenir que estas situaciones se repitan en el futuro”, indicaron desde la Dirección Departamental de Educación. Este compromiso se ve acompañado de un anuncio sobre la implementación de programas de capacitación para los docentes, enfocados en estrategias de enseñanza que respondan a las necesidades de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estas capacitaciones son esenciales para proporcionar a los educadores las herramientas necesarias para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y efectivo.
Las familias afectadas no solo demandan respuestas, sino también acciones concretas que garanticen el acceso a la educación sin obstáculos. Cabrera ha enfatizado la importancia de que sus hijos sean tratados con dignidad y respeto, pidiendo a las autoridades que se implementen programas de formación continua para los docentes. “No estamos solicitando privilegios, sino igualdad de oportunidades. Nuestros hijos merecen ser incluidos en el proceso educativo y recibir la atención que requieren”, ha señalado.
A medida que se desarrollan las investigaciones y se buscan soluciones, los padres y activistas por la educación inclusiva mantienen una vigilancia constante sobre las acciones que adopten las autoridades. Hay una creciente presión social para que se tomen medidas efectivas que aseguren que ningún niño sea marginado del aula debido a su condición. Este caso no solo es un reflejo de la situación de la educación en Tarija, sino que también plantea preguntas más amplias sobre cómo se está abordando la inclusión en las escuelas a nivel nacional.
El camino hacia una educación verdaderamente inclusiva en Tarija y en el resto del país requiere un compromiso firme y sostenido por parte de todos los actores involucrados: desde los responsables de facilitar la capacitación docente, hasta los padres y la comunidad en general. La defensa de los derechos educativos de los niños con autismo no solo debe ser una prioridad, sino que debe ser vista como un compromiso colectivo para construir un futuro en el que todos los niños tengan la oportunidad de aprender y prosperar en un entorno que valore la diversidad y promueva la equidad.
La reciente denuncia sobre la expulsión de más de 15 estudiantes con autismo en Tarija ha suscitado un profundo malestar en la comunidad educativa y entre las familias de los menores afectados. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad urgente de abordar la educación inclusiva en el sistema escolar del país, donde la falta de capacitación de los docentes se ha convertido en un obstáculo significativo para garantizar el derecho a la educación de todos los niños.
Blanca Leni Cabrera, quien se desempeña como representante de la Asociación de Padres de Familia de niños con autismo, ha manifestado su indignación ante este hecho, señalando que los estudiantes fueron retirados de sus aulas con el pretexto de la inexistencia de maestros capacitados para atender sus necesidades específicas de aprendizaje. Cabrera ha subrayado que la exclusión de estos menores no solo es una violación de su derecho a la educación, sino que también refleja un problema estructural dentro del sistema educativo que debe ser urgentemente abordado.
“Es inaceptable que en pleno siglo XXI se permita que nuestros niños sean marginados del sistema educativo. La falta de formación específica para los docentes no puede ser utilizada como justificación para negarles sus derechos fundamentales”, ha afirmado con vehemencia. Aunque Cabrera optó por no revelar los nombres de las instituciones educativas implicadas, ha indicado que la mayoría de los niños afectados pertenecen al nivel inicial, lo que sugiere que la situación podría ser más común de lo que se imagina.
En respuesta a estas serias acusaciones, las autoridades pertinentes del sector educativo han hecho hincapié en que la educación inclusiva es un derecho inalienable para todos los niños y niñas. Desde el Ministerio de Educación, se ha reiterado que no existe ninguna normativa que ampare la expulsión de estudiantes con autismo. Las autoridades afirmaron que cualquier incidente de esta naturaleza será objeto de investigación y sanción conforme a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, que promueve una educación equitativa y sin discriminación.
“Estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, independientemente de su condición. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los casos reportados y tomaremos las medidas necesarias para prevenir que estas situaciones se repitan en el futuro”, indicaron desde la Dirección Departamental de Educación. Este compromiso se ve acompañado de un anuncio sobre la implementación de programas de capacitación para los docentes, enfocados en estrategias de enseñanza que respondan a las necesidades de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estas capacitaciones son esenciales para proporcionar a los educadores las herramientas necesarias para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y efectivo.
Las familias afectadas no solo demandan respuestas, sino también acciones concretas que garanticen el acceso a la educación sin obstáculos. Cabrera ha enfatizado la importancia de que sus hijos sean tratados con dignidad y respeto, pidiendo a las autoridades que se implementen programas de formación continua para los docentes. “No estamos solicitando privilegios, sino igualdad de oportunidades. Nuestros hijos merecen ser incluidos en el proceso educativo y recibir la atención que requieren”, ha señalado.
A medida que se desarrollan las investigaciones y se buscan soluciones, los padres y activistas por la educación inclusiva mantienen una vigilancia constante sobre las acciones que adopten las autoridades. Hay una creciente presión social para que se tomen medidas efectivas que aseguren que ningún niño sea marginado del aula debido a su condición. Este caso no solo es un reflejo de la situación de la educación en Tarija, sino que también plantea preguntas más amplias sobre cómo se está abordando la inclusión en las escuelas a nivel nacional.
El camino hacia una educación verdaderamente inclusiva en Tarija y en el resto del país requiere un compromiso firme y sostenido por parte de todos los actores involucrados: desde los responsables de facilitar la capacitación docente, hasta los padres y la comunidad en general. La defensa de los derechos educativos de los niños con autismo no solo debe ser una prioridad, sino que debe ser vista como un compromiso colectivo para construir un futuro en el que todos los niños tengan la oportunidad de aprender y prosperar en un entorno que valore la diversidad y promueva la equidad.
