Donald Trump ha designado a Thomas Homan como el encargado de implementar su firme política migratoria y de seguridad en la frontera, una decisión que marca un claro enfoque en la gestión de la inmigración irregular en Estados Unidos. Homan, quien se ha destacado por su postura de tolerancia cero, asumirá el rol de zar de la frontera a partir del 20 de enero, fecha en la que Trump tomará posesión de la presidencia.
Con una carrera que se remonta a sus inicios como oficial de policía en Nueva York, Homan ha acumulado más de tres décadas de experiencia en el ámbito de la inmigración. Su trayectoria incluye un ascenso dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde ocupó varios puestos clave, incluyendo el de director interino en 2017, durante el primer mandato de Trump. En esta posición, Homan se convirtió en una figura prominente en la política migratoria, defendiendo medidas drásticas para combatir la migración irregular.
Homan fue una de las voces principales detrás de la polémica política de separación familiar que se implementó en 2018, la cual tuvo como objetivo disuadir a las familias de intentar cruzar la frontera de manera ilegal. Esta estrategia, que resultó en la separación de miles de niños de sus padres, ha sido objeto de críticas por su severidad.
Tras su salida del ICE, Homan mantuvo su influencia en el debate migratorio, colaborando con medios conservadores y think tanks como la Heritage Foundation. En este contexto, participó en el desarrollo del Proyecto 2025, una iniciativa que propone reformas migratorias radicales, aunque Trump ha tomado distancia de algunas de sus propuestas.
En una reciente entrevista, Homan delineó su ambicioso plan para llevar a cabo una de las operaciones de deportación más grandes en la historia del país. Su enfoque inicial se centraría en la expulsión de individuos con antecedentes criminales, seguido por migrantes indocumentados que enfrentan órdenes de deportación. A diferencia de su gestión anterior, Homan ha enfatizado que esta vez se buscará mantener la unidad familiar durante el proceso de deportación, evitando las separaciones que caracterizaron la política de tolerancia cero.
Sin embargo, expertos han expresado dudas sobre la viabilidad de estas propuestas, citando preocupaciones sobre los costos asociados y el impacto potencial en la economía de sectores que dependen de la mano de obra migrante. La implementación de un plan de deportaciones masivas podría resultar costosa y generar repercusiones en la fuerza laboral del país
