La Sierra de las Nieves fue declarada Parque Nacional el 1 de julio de 2021. Tras décadas clamando ante las administraciones por el reconocimiento de su especialísimo valor ecológico (alberga uno de los tres únicos pinsapares de Europa y una riqueza geológica única), la zona alcanzó el máximo grado de protección ambiental. También, una exposición que la convierte en apetecible destino turístico. El objetivo ahora es que la consagración como 16º parque nacional de España vaya en paralelo con un modelo de desarrollo económico que preserve el paisaje, sus ecosistemas y el modo de vida de la población local. El parque se extiende por casi 23.000 hectáreas (230 kilómetros cuadrados) y un área de influencia de 14 municipios.
En los últimos tiempos, sin embargo, ha aparecido un factor que muchos ven como amenaza. En La Jara, un territorio atravesado por el Río Grande y adyacente al parque nacional, se proyecta la instalación de siete plantas de producción fotovoltaica (Arco 6, Ardenis, Crisadar, Gibralgalia, Natera Solar y Orla Solar I y II), capaces de generar 300 MW. Las ventajas: su orografía (orientada al sur) y las 3248 horas de sol al año, unos 5,8 kWh/m2 día de irradiación solar. La mayor parte de ellas está en fase de información pública de las solicitudes de autorización administrativa previa. A estas instalaciones se añadiría una potente red de evacuación y conexión a la red general eléctrica en dirección a la Costa del Sol, atravesando zonas de alto valor ecológico.
Si se miden en frío, las plantas fotovoltaicas se extenderían por 7,28 kilómetros cuadrados. Pero su afección va mucho más allá. El brillo de las placas dominaría el paisaje que se divisa desde 433 kilómetros cuadrados a la redonda, incluyendo varios de los miradores dispersos por el propio parque nacional, y afectaría tanto a la disponibilidad de recursos naturales, como a los ecosistemas y los modos de vida del territorio, históricamente vinculado al cultivo de cereal.
“Por nuestra geografía, solamente el impacto paisajístico es aterrador”, lamenta Antonio Pérez, alcalde de Alozaina (PSOE), el municipio que albergaría más superficie de fotovoltaicas. Pérez, que fue presidente de la mancomunidad hasta el año pasado, se lo explicó desde el Mirador de Ceballos al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la exvicepresidenta Teresa Ribera cuando visitaron la zona, en enero de 2022. “Todas nuestras vistas a la hoya de Málaga y a la bahía pasan por ahí, y tendríamos que ver un mar negro de cristal”.
La preocupación llevó a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves a encargar un informe a investigadores de la Universidad de Málaga, en el que se analiza el previsible impacto de instalar estos parques sobre el territorio, los recursos, el paisaje y la economía de la zona.
José Miguel Marín (IU), alcalde de Istán y presidente de la Mancomunidad, subraya que temen los efectos de su acumulación en una zona muy sensible que se vería transformada de un día para otro: “No solo se trata del cuidado medioambiental, sino también del desarrollo de los municipios”. Ya en septiembre, los grupos políticos de la Diputación de Málaga aprobaron por unanimidad una moción que pone a disposición de los ayuntamientos, la mayoría pequeños y con escasos recursos, los medios técnicos para oponerse a estas instalaciones o para regular y limitar su implantación en sus planes urbanísticos.
Visibles desde el 6% de la provincia
El informe de los catedráticos de la Universidad advierte ahora contra un alto impacto en los recursos, paisaje y economía de la zona. “En líneas generales hemos valorado un impacto de gran magnitud, considerándolo de forma conjunta porque es una transformación a gran escala del territorio”, explica Matías Mérida, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UMA, y uno de los firmantes.
La Jara está apenas a seis kilómetros de los límites del parque nacional, en cuyas montañas se esparcen diversos miradores a estas tierras que, si bien no forman parte del parque, sí se integran parcialmente en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y en la zona periférica de protección del parque.
La separación máxima entre proyectos es de 500 metros, y su forma irregular acabaría dejando islas interiores inertes para otras actividades y conformando “una única gran instalación”. El área afectada ocuparía una extensión conjunta de 1.950 hectáreas, produciendo “cambios drásticos” en el 53% de la zona (3.680 hectáreas). Las placas “dominarían el paisaje” debido a la introducción de materiales (metal, vidrios) y geometrías extrañas al carácter agrario. Además, la reflectancia de los paneles solares produciría una fuerte intensidad lumínica que acapararía la atención. La cuenca visual (es decir, la superficie desde la que se divisaría este nuevo paisaje) abarcaría casi el 6% de la superficie de la provincia, incluyendo casi 110 kilómetros cuadrados de superficie protegida.
“Quienes recorran el parque nacional por la vertiente hacia el valle contemplarían un mar de paneles fotovoltaicos”, vaticina el catedrático. “Esto condiciona mucho las posibilidades de desarrollo endógeno de esa zona. Nadie alquila un alojamiento para asomarse y estar rodeado de placas”. “El cambio drástico y de gran amplitud”, concluye el informe, supondría una sustitución paisajística “susceptible de ser considerada como expolio, en los términos que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español”.
Millones de litros en una zona que sufre sequía periódicamente
Pero no se trata solo del paisaje. La súbita aparición de estas instalaciones de gran potencia, con posibilidades de crecimiento una vez tendidas las redes de evacuación, exige un uso intensivo de los recursos. El consumo de agua anual para las tareas de limpieza de los paneles se estima entre 3,7 y 18,9 millones de litros por cada 100 MW. Dado que el total de las instalaciones de la zona se eleva a algo más de 300 MW, el consumo ascendería a una cantidad entre 11,1 y 56,7 millones de litros al año, en una zona que ha pasado 30 de los últimos sesenta años en sequía, con cuatro episodios de sequía extrema.
La instalación de paneles solares también podría afectar al flujo de agua superficial, además de incrementar la erosión del suelo durante la construcción, una fase en la que existe riesgo de contaminación de las fuentes de agua subterráneas y superficiales, según subraya en el informe Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física. También se aborda el fenómeno de las islas de calor local y el incremento del riesgo de incendio por la posible acumulación de materiales inflamables.
La relación de sus habitantes con el entorno estaría condenada al cambio. Esto ya ha está ocurriendo. Las promotoras de estos proyectos, vinculadas a fondos de inversión austriacos e israelíes, hace tiempo que contactaron con pequeños propietarios, generalmente agricultores con explotaciones de escaso rendimiento, para ofrecer el pago de un alquiler por la tierra. Pero esa modalidad estaría siendo sustituida por procedimientos de expropiación forzosa, respaldados por la previa declaración de utilidad pública de las iniciativas, advierte Marcos Castro, profesor de Economía de la UMA. Así ha ocurrido ya con varios de otros proyectos, que publicaron la declaración de utilidad pública de decenas de fincas a finales de noviembre.
“Territorios de sacrificio”
“Este cambio plantea desafíos importantes para las comunidades locales, como la pérdida de tierras productivas, la alteración de la identidad rural de la zona y potenciales conflictos sociales derivados de la imposición de nuevos modelos de desarrollo económico”, escribe Castro, que advierte de la modificación del tejido socioeconómico de la región y la externalización de los costes ambientales y sociales de la producción de energía en la zona. “Esto convierte a estas áreas rurales en verdaderos ”territorios de sacrificio“”, señala.
“El informe trasluce una carencia y una necesidad de una planificación de este tipo de instalaciones”, resume Mérida. “En una planificación lógica, las administraciones tendrían que decidir sobre qué zonas se puede intervenir, y en qué medida, hasta cuánto. Si no, las zonas rurales quedan otra vez como simples abastecedoras de servicios”.
“Es una reserva de la biosfera, junto a un parque nacional. Llevamos 30 años luchando por esto, y tendríamos que desecharlo. Tenemos potencial ambiental, turístico, agrícola. Hay otros territorios que no tienen esta casuística. Seguro que hay alguno que quiere. Nosotros no es que no queramos, que no nos conviene”, zanja el alcalde de Alozaina.
