Después de un periodo que se hizo interminable por las permanentes denuncias de ilícitos,  atribuidos al Fiscal General Lanchipa a lo largo de su gestión, el 22 de octubre el Órgano Legislativo, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, procedió a la elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, resultando favorecido el abogado Roger Mariaca. La gran importancia que tiene en un Estado Democrático el Ministerio Público es que es la institución que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado para velar por el respeto y los derechos y garantías constitucionales de todas las personas.
Una vez posesionado en el cargo, la primera acción del nuevo Fiscal General fue el cambio de titulares de las fiscalías departamentales sin que se conozcan los criterios que primaron para las nuevas designaciones y si los nombrados cumplieron los requisitos exigidos por el inc.II del art.33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como la convocatoria pública, calificación de la capacidad profesional y méritos a través de concurso público. Lo real es que no hubo ninguna convocatoria y el fiscal Mariaca  actuó como nuevo dueño de casa que ubica sus muebles como le parece conveniente; política con la que se afectó, entre otros, al departamento de Cochabamba al titularizar irregularmente al profesional que fungía de Fiscal Departamental interino. 
Esta autoridad, siguiendo la línea de su superior, empezó por desarticular las unidades especializadas como la de Delitos Patrimoniales, Delitos de Género y Juvenil y otros sin antes evaluar el trabajo, los resultados obtenidos por los/as titulares y la acreditación de su especialización. El criterio patrimonialista que estaría imprimiendo en el Ministerio Público resulta preocupante, más cuando se despide a fiscales con amplia experiencia para reemplazarles con personal sin antigüedad en el cargo ni experiencia alguna, sin el mínimo respeto a los derechos reconocidos por la Constitución y específicamente por el art.23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Finalmente, llama sobremanera la atención de la información recibida sobre hechos de violencia verbal y psicológica que estaría ejerciendo el titular departamental contra los/as fiscales que no son de su agrado, profiriendo gritos y descalificaciones que atentan contra su dignidad de seres humanos y profesionales, conductas que en ocasiones son observadas por el público que asiste a la institución. Este lamentable panorama de una institución creada para defender a la sociedad y las personas individuales nos muestra que en el país vamos de mal a peor.
DE FRENTE
JULIETA MONTAÑO S.
Abogada, feminista, defensora de DDHH
julietamontano@gmail.com

FUENTE: www.opinion.com.bo/