La UE ha sido acusada de financiar prácticas brutales en la gestión de la migración en países africanos a través de fondos destinados a la formación de agentes y la compra de equipamiento para detener a migrantes y trasladarlos a lugares remotos. Esta política ha sido criticada por su falta de transparencia y por violar los derechos humanos. España tiene un papel destacado en esta política y la Comisión Europea afirma que sus contratos contienen cláusulas de respeto a los derechos humanos, pero no se aplican correctamente. Además, una quincena de países ha propuesto endurecer aún más la política migratoria de la UE, lo que debería despertar a la Unión y recordarle sus valores europeos.