La senadora Marcela Guerrero Vilca ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en los contratos de importación de combustibles en Bolivia, un tema que ha generado inquietud tanto entre los transportistas como entre la población en general. Durante su intervención, Guerrero destacó que ni ella ni otros parlamentarios, incluidos los de Tarija, tienen acceso a la información sobre los acuerdos firmados para la adquisición de gasolina, lo que ha llevado a una serie de problemas relacionados con la calidad del carburante.
“Ni siquiera conocemos los contratos que se han suscrito para la importación de combustible; lo único cierto es que son de mala calidad”, subrayó Guerrero al ser interrogada sobre el impacto de estos combustibles en los vehículos. La senadora lamentó que, a pesar de las solicitudes reiteradas por obtener información detallada sobre los contratos y el número de personas afectadas por el mal estado del combustible, las respuestas han sido escasas y poco satisfactorias.
Guerrero también mencionó que la situación ha provocado un aumento en las manifestaciones en redes sociales por parte de quienes se sienten perjudicados. La preocupación no solo abarca a los transportistas profesionales, sino también a los conductores particulares, quienes están experimentando serios problemas debido a la calidad del carburante disponible.
Durante su visita al Comité Cívico, donde una representante de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se encontraba recolectando documentos de afectados, Guerrero reveló que su proyecto de ley para liberar la importación de carburantes fue rechazado en el Senado. Sin embargo, no se desanima y planea presentarlo nuevamente en la Cámara de Diputados. La propuesta busca permitir que empresas privadas puedan importar combustible, con el objetivo de evitar más inconvenientes para los usuarios.
La senadora hizo hincapié en las cifras alarmantes relacionadas con la reparación de motores dañados por la mala calidad del combustible. Los costos pueden oscilar entre 3 mil y 15 mil bolivianos, mientras que muchos reclamos están siendo desestimados. Además, el monto máximo establecido para resarcimiento es insuficiente, fijado en 2.500 bolivianos, lo que deja a muchos afectados sin una solución adecuada.
En medio de esta crisis del sector combustible, Guerrero insistió en la necesidad urgente de reordenar YPFB y mejorar la gestión relacionada con la importación y control del carburante en el país.
