En una reciente declaración, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, abordó las dificultades que enfrenta su administración en relación con los pagos por los daños causados por el uso de combustible de mala calidad. A pesar de los retos, el mandatario aseguró que ya se han iniciado gestiones para regularizar la situación y cumplir con las obligaciones pendientes. Durante su intervención, Paz subrayó la importancia de seguir procedimientos administrativos establecidos, lo que puede generar demoras en la respuesta a las demandas.
El presidente hizo hincapié en que no es suficiente con simplemente exigir un pago inmediato, ya que existen múltiples requisitos formales que deben ser cumplidos. No es cuestión de llegar y ‘páguenme’, hay que presentar una serie de temas administrativos, explicó Paz, quien también señaló que algunos de los responsables por esta situación ya han comenzado a asumir sus compromisos financieros.
En este contexto, Paz reveló que el gobierno cuenta con un fondo de 20 millones de dólares destinado a cubrir estas obligaciones. Sin embargo, enfatizó que la utilización de estos recursos está sujeta a verificaciones y procesos formales necesarios para garantizar la transparencia y legalidad en su ejecución.
Además, el presidente denunció que su administración ha heredado problemas significativos derivados de gestiones anteriores. Afirmó que se llevarán a cabo investigaciones para esclarecer las irregularidades ocurridas en el pasado y prometió que en los próximos días se revelarán detalles sobre estas acciones indebidas. Nos han traicionado, hay gente que nos ha hecho mucho daño. Esta semana se conocerá la dimensión del daño, declaró con firmeza.
Paz también anunció su intención de impulsar acciones legales contra aquellos responsables de estas irregularidades, reafirmando su compromiso con la justicia. No es venganza, es justicia. El pueblo requiere justicia, enfatizó el mandatario, evidenciando su determinación para abordar estos problemas de manera legal y ética.
Finalmente, mirando hacia el futuro, el presidente indicó que el año 2026 será fundamental para reorganizar la gestión estatal. Planea implementar nuevas leyes y decretos diseñados para agilizar la administración pública y superar los obstáculos estructurales existentes. Esta visión busca no solo mejorar la eficiencia del gobierno sino también restaurar la confianza del pueblo boliviano en sus instituciones.
