El sistema de salud en Tarija enfrenta una crisis que ha sido puesta de manifiesto tras el colapso de hospitales y centros de atención a principios de este año. En respuesta a esta situación alarmante, el Gobierno Nacional ha iniciado una serie de inspecciones en la capital y en las provincias, con el objetivo de identificar las principales deficiencias y proponer soluciones efectivas. Los primeros hallazgos revelan problemas estructurales significativos, que incluyen la mala distribución de recursos humanos, carencias en equipamiento y una creciente demanda que supera la capacidad instalada del sistema.
Las inspecciones abarcaron diversos establecimientos sanitarios, entre ellos el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), el Hospital Materno Infantil, el Hospital Rubén Zelaya y el Hospital Fray Quebracho. Estas evaluaciones han permitido realizar un diagnóstico sobre la productividad en la atención, la disponibilidad del personal sanitario y las condiciones físicas de las infraestructuras.
Roberto Bustamante, viceministro de Deportes, quien ha estado al tanto del proceso, anunció que se implementarán medidas a corto plazo para abordar los hallazgos. Uno de los puntos críticos identificados es la inadecuada distribución del personal médico, que no se ajusta a las necesidades específicas de cada establecimiento. Bustamante destacó que hay hospitales que requieren especialistas en determinadas áreas, pero que reciben profesionales con formación en otras disciplinas. Un ejemplo ilustrativo es el HRSJD, donde se solicitaban traumatólogos y se asignaron ginecólogos, lo que pone en evidencia una falta de coordinación entre los directores hospitalarios, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Ministerio de Salud.
Ante esta problemática, el Gobierno ha propuesto un reordenamiento del personal como una medida inicial para mejorar la atención médica. Esta estrategia busca reorganizar los recursos humanos disponibles antes de considerar nuevas asignaciones. El plan incluye un papel más activo del Ministerio de Salud para facilitar la comunicación entre los directores hospitalarios y el Sedes. Se espera que los requerimientos sean canalizados adecuadamente desde los hospitales hasta el nivel central.
Desde la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) han confirmado que este proceso implicará ajustes en la dependencia laboral del personal. Los trabajadores vinculados a programas nacionales como Mi Salud o el Bono Juana Azurduy pasarán a depender del Sedes, lo que permitirá su redistribución hacia áreas con mayor demanda. Sin embargo, desde este sector advierten que esta medida no será suficiente sin la asignación de nuevos ítems por parte del Tesoro General de la Nación (TGN).
Las inspecciones también revelaron deficiencias significativas en equipamiento médico. Un caso destacado es el del Hospital Rubén Zelaya en Yacuiba, donde se requiere urgentemente la reposición de un tomógrafo obsoleto. Curiosamente, en el mismo municipio, el Hospital Fray Quebracho cuenta con un equipo nuevo, lo cual sugiere problemas organizativos más que una escasez absoluta de recursos.
En cuanto al suministro de medicamentos, se identificó una necesidad crítica por mejorar la coordinación entre el Sedes y los gobiernos municipales responsables de los centros médicos de primer y segundo nivel. Estos establecimientos son fundamentales para atender gran parte de la demanda sanitaria.
Un aspecto crucial subrayado por representantes del sector salud es la falta crónica de nuevos ítems financiados por el TGN. Desde el Colegio Médico de Tarija se recuerda que la última asignación por crecimiento vegetativo se realizó en 2016. Edwin Valdez, representante del sector salud, enfatizó que desde entonces no se han cubierto las necesidades reales del departamento; hace cuatro años ya había un déficit estimado superior a mil trabajadores en salud.
La escasez crítica de personal está afectando gravemente la operatividad adecuada de los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Materno Infantil aún no opera a plena capacidad debido a esta insuficiencia. Además, otros centros como el Hospital San Antonio dependen mayoritariamente del Gobierno Municipal para su personal; mientras tanto, el Hospital Oncológico continúa inconcluso.
La crisis sanitaria en Tarija no es un fenómeno reciente; sin embargo, las recientes inspecciones han puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia por intervenir efectivamente en este problema estructural. Si bien un reordenamiento del personal puede ofrecer una solución inmediata al desafío actual, es fundamental acompañar estas acciones con inversiones sostenidas y una planificación estratégica a largo plazo para garantizar un sistema sanitario eficiente y accesible para toda la población tarijeña.
