Un grupo de doce comunarios se encuentra en el centro de un proceso judicial que dará inicio en mayo, en medio de un clima de controversia que ha captado la atención pública. Estos individuos enfrentan una acusación formal relacionada con su resistencia a la entrada de la empresa Petrobras en el proyecto Domo Oso X-3, una actividad que pone en riesgo la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La situación se complica aún más por la demanda de compensación económica que asciende a cerca de 2 millones, aunque aún no se ha especificado si esta suma corresponde a bolivianos o dólares.

El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, ha manifestado el compromiso de su institución para defender a los comunarios, asumiendo este caso como parte de su responsabilidad social. Esta decisión incluye no solo el juicio próximo, sino también un caso anterior que fue desestimado durante la fase preliminar en enero. Valverde ha sido claro al expresar su intención de llevar a cabo una “defensa frontal” para demostrar la inocencia de los acusados y denunciar lo que él califica como una criminalización de la protesta ambiental.

En sus declaraciones, Valverde subrayó que este proceso judicial no debería haber llegado a esta etapa, argumentando que las acciones emprendidas por los comunarios estaban fundamentadas en su derecho a protestar, un derecho respaldado por convenios internacionales ratificados por Bolivia. Uno de los pilares del argumento defensivo es la supuesta violación del derecho a la consulta previa. Según el abogado, los comunarios actuaron para exigir el cumplimiento de normativas ambientales y proteger sus territorios y fuentes hídricas.

El contexto del juicio se complica con las demandas adicionales planteadas por Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes han solicitado no solo una pena privativa de libertad para los acusados, sino también compensaciones por los daños causados por los bloqueos. Sin embargo, desde la defensa se cuestiona tanto la legalidad como las intenciones detrás de estas demandas económicas, sugiriendo que podrían estar diseñadas más como una táctica intimidatoria que como una legítima búsqueda de reparación.

La situación podría adquirir un matiz internacional si se concretan las intenciones del Colegio de Abogados y un equipo jurídico asociado, quienes están considerando llevar el caso ante instancias internacionales. Esto se haría con el objetivo de denunciar al Estado boliviano por lo que consideran una criminalización injustificada hacia quienes defienden los recursos naturales y el medio ambiente en Tariquía. La resolución del caso no solo podría tener implicaciones locales significativas, sino también resonar en foros internacionales sobre derechos humanos y defensa ambiental.