Las intensas lluvias que azotaron durante la primera quincena de marzo han dejado una huella devastadora en varias regiones rurales de Tarija, especialmente en los municipios de Entre Ríos y Yunchará. La situación se ha vuelto crítica, ya que decenas de comunidades están lidiando con pérdidas productivas significativas, aislamiento y daños severos en la infraestructura básica. A pesar de que tanto la Gobernación como los municipios afectados han declarado el estado de desastre, la asistencia del Gobierno Nacional aún no ha llegado, lo que ha generado una creciente preocupación y presión por parte de diversos sectores.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, junto con la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y líderes campesinos, han coincidido en señalar la falta de una respuesta rápida ante esta emergencia que ya ha tenido consecuencias graves para las comunidades. En Entre Ríos, el impacto ha sido devastador; se estima que alrededor del 90% de las comunidades han sufrido daños debido a deslizamientos, crecidas en quebradas y la interrupción de caminos, lo que dificulta el acceso a varias zonas. Uno de los eventos más críticos fue el aluvión en la quebrada El Zapallar, que arrastró material y afectó áreas productivas, además de destruir sistemas de agua potable y provocar pérdidas agrícolas y ganaderas. Esto compromete gravemente la seguridad alimentaria para muchas familias.

La situación en Yunchará es igualmente alarmante. Las comunidades allí también han reportado daños considerables en sus cultivos y enfrentan limitaciones en el acceso a servicios básicos esenciales. En este contexto, Herber Quispe, dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), ha denunciado la inacción del Estado frente a esta emergencia. Quispe enfatizó que muchos productores se encuentran endeudados con créditos bancarios y ahora enfrentan pérdidas totales sin ningún respaldo para reiniciar sus actividades agrícolas. Además, advirtió sobre la posible escasez de productos agrícolas en los mercados locales, lo cual podría abrir la puerta a la especulación por parte de intermediarios y al aumento desmesurado de precios.

La situación será discutida en un ampliado departamental programado para este viernes, donde también se abordarán otras demandas del sector agrícola, como el pago del Programa Solidario Comunal (Prosol). Es importante mencionar que otras áreas afectadas como Padcaya aún no han recibido declaratorias de emergencia.

Reiner Figueroa, director de la UGR de la Gobernación, explicó que han cumplido con todos los trámites administrativos necesarios para elevar una declaratoria departamental al nivel central y así solicitar ayuda. Sin embargo, están a la espera del Gobierno Nacional para que coordine con las autoridades locales y canalice los recursos necesarios para apoyar a las regiones afectadas. Figueroa atribuyó este retraso a problemas administrativos y a la falta de coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil.

Por su parte, Gabriela Vilca, directora ejecutiva de la AMT, alertó sobre el preocupante estado actual en Entre Ríos y Yunchará donde las pérdidas agropecuarias son alarmantes. Aunque otros municipios como Cercado han podido gestionar los daños menores con recursos propios, aquí las capacidades operativas locales han sido superadas por completo. La AMT ya ha enviado solicitudes formales al Gobierno Nacional para acelerar los mecanismos necesarios para atender a las familias afectadas.

La demora en recibir asistencia estatal no solo prolonga la crisis humanitaria en estas comunidades rurales sino que también pone en riesgo su capacidad para recuperarse económicamente. Mientras tanto, en Tarija se espera ayuda que aún no llega; esta prolongada espera comienza a tener un costo significativo en el campo.

Es relevante recordar que cada año Tarija enfrenta diversos fenómenos climáticos adversos y que históricamente el sector campesino ha solicitado medidas como un seguro agrícola y pecuario para mitigar estas pérdidas recurrentes. Sin embargo, estas solicitudes no han sido atendidas adecuadamente por las instituciones públicas correspondientes. La falta de un sistema efectivo para resarcir los daños ocasionados deja a muchas familias vulnerables ante situaciones adversas como la actual.