Las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia se presentaron como un evento dual, caracterizado por una notable participación ciudadana y un ambiente de civismo, pero también marcado por debilidades normativas en el sistema electoral que, según la Misión de Observación Electoral de la OEA, requieren atención urgente antes de la segunda vuelta programada para el 19 de abril.

En su informe preliminar, la misión internacional, bajo la dirección de la exministra costarricense Cindy Quesada Hernández, subrayó que más del 85% del electorado se presentó a las urnas en un proceso que permitió elegir a 2.716 autoridades locales, incluidas gobernaciones, alcaldías y asambleas departamentales. La jornada electoral se desarrolló en un clima general de tranquilidad, respaldada por un despliegue operativo que logró habilitar el 99,9% de las mesas de sufragio en todo el país.

Este proceso electoral se inscribe en un contexto particularmente complejo. Se trató de uno de los eventos subnacionales más grandes en años recientes, con más de 34.000 candidaturas registradas inicialmente y una renovación significativa de autoridades locales. Esta magnitud incrementó las exigencias logísticas y tecnológicas del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Sin embargo, el proceso estuvo marcado por tensiones previas que afectaron la campaña electoral. La reciente designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tribunales departamentales durante la etapa electoral suscitó cuestionamientos sobre la estabilidad institucional. En algunos casos, estas autoridades fueron reemplazadas a solo dos días de las votaciones, lo que aunque legal, fue considerado por la OEA como un factor que no contribuye a fortalecer la confianza en el árbitro electoral.

El informe también hace mención a la inhabilitación masiva de candidaturas. De las más de 34.000 postulaciones iniciales, aproximadamente el 75% fue descalificado por incumplimientos administrativos o legales. Esta situación refleja tanto debilidades internas dentro de los partidos como limitaciones derivadas de los plazos legales establecidos. Como resultado, muchos votantes encontraron candidaturas impresas que no estaban habilitadas para participar, lo que generó confusión y un incremento en los niveles de voto nulo. Las protestas surgieron en localidades como San Ignacio y Portachuelo debido a esta confusión.

Durante el día de votación, los observadores reportaron una apertura regular en las mesas (promediando las 08:12) y una alta afluencia de votantes que resultó en largas filas en varios recintos electorales. No obstante, se produjeron incidentes significativos; uno de los más destacados ocurrió en Santa Cruz donde un error en la distribución de papeletas afectó a 97 mesas y alrededor de 23.000 votantes, lo que obligará a repetir la votación en esas circunscripciones específicas.

El informe también identificó problemas relacionados con la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, así como una aplicación irregular del voto preferente. La capacitación desigual entre jurados fue otro aspecto crítico; hasta un día antes del evento electoral, un tercio no había recibido formación adecuada.

Desde el punto de vista tecnológico, el proceso representó un desafío inédito dado que el sistema electoral debió procesar más de 67.000 actas —casi el doble que durante las elecciones generales anteriores—. A pesar del alto volumen y presión sobre los sistemas informáticos, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) funcionó sin interrupciones y permitió divulgar tendencias esa misma noche con un impresionante 97% de actas procesadas antes medianoche; este avance fue valorado positivamente por la OEA.

Sin embargo, persisten limitaciones significativas como la falta de publicación en tiempo real de actas por mesa, lo cual restringe las posibilidades para una auditoría ciudadana inmediata.

Un aspecto crítico resaltado por la OEA es el financiamiento político. A diferencia del sistema nacional donde existe financiamiento público para campañas electorales, los comicios subnacionales dependen exclusivamente recursos privados. Esto crea desigualdades evidentes entre candidatos y abre oportunidades para aportes provenientes de fuentes poco transparentes; además, no se exigen reportes financieros durante las campañas ni se garantiza acceso público a esta información.

En términos de participación política femenina, Bolivia ha logrado avances normativos hacia la paridad en cargos legislativos; sin embargo, persiste una brecha considerable en los espacios ejecutivos donde solo el 14% de candidaturas a alcaldías y el 9% a gobernaciones fueron ocupadas por mujeres. Este hecho evidencia obstáculos persistentes para el acceso equitativo al poder político dentro del país.