Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, ha sido condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por su implicación en una red internacional de tráfico de cocaína y por un delito relacionado con armas. La sentencia fue emitida el jueves por la jueza Denise L. Cote, del Distrito Sur de Nueva York, después de que un jurado lo declarara culpable el 23 de octubre de 2025. Dávila había sido extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024.
La Fiscalía estadounidense presentó un caso contundente contra Dávila, argumentando que abusó de su posición como máxima autoridad antidrogas en Bolivia para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia el país norteamericano, enfocándose particularmente en la ciudad de Nueva York. Entre febrero y noviembre de 2019, y posteriormente, el exfuncionario se habría dedicado a desviar las investigaciones y proporcionar protección armada a cargamentos de droga.
El fiscal federal Jay Clayton enfatizó que Dávila traicionó su deber al apoyar a los narcotraficantes que tenía la responsabilidad de perseguir. Esta situación no solo pone en evidencia la corrupción dentro del sistema antidrogas boliviano, sino que también resalta el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra la “narco-corrupción” a nivel global.
Terrance Cole, administrador de la DEA, fue aún más contundente al calificar las acciones de Dávila como una “traición a la confianza pública”. Según Cole, Dávila transformó su cargo en una “empresa criminal”, asegurando el tránsito y protección del narcotráfico mientras ocupaba un puesto crítico en la lucha contra las drogas.
La acusación detalla cómo Dávila conspiró con otros individuos para producir, transportar y custodiar más de una tonelada métrica de cocaína destinada al mercado estadounidense. Las investigaciones revelaron que coordinó envíos desde Bolivia con tránsito por República Dominicana antes de llegar a Nueva York.
Un elemento crucial del caso se apoyó en grabaciones obtenidas por fuentes confidenciales de la DEA. Estas grabaciones documentaron reuniones y llamadas entre Dávila y los agentes entre 2019 y 2020. En uno de estos encuentros, autorizó el envío de una muestra significativa de cocaína a Lima, Perú, en diciembre de 2019.
Además, las pruebas indicaron que ofreció utilizar personal armado perteneciente a la Fuerza Antidroga para proteger los cargamentos y facilitar su salida desde aeropuertos bolivianos bajo su control. Los fiscales alegaron que incluso sugirió desviar operativos oficiales para evitar interferencias y asegurar que los vuelos con droga despegaran sin obstáculos.
Las autoridades estadounidenses han manifestado que esta condena es un claro mensaje: ningún cargo público está exento ante aquellos que se involucran en el narcotráfico internacional. La caída del exdirector antidrogas subraya no solo las dinámicas complejas del tráfico ilícito, sino también el impacto devastador que tiene sobre las comunidades tanto en Bolivia como en Estados Unidos.
