La reciente inspección judicial en el cantón Chiquiacá, dentro del municipio de Entre Ríos en Tarija, ha revelado preocupantes indicios sobre el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3). Esta diligencia, que tuvo lugar en un área colindante con la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, está generando un intenso debate sobre los posibles impactos ambientales que podrían derivarse de las actividades exploratorias en la región.
El juez agroambiental de Entre Ríos lideró la inspección, donde se documentaron condiciones que podrían comprometer el equilibrio ecológico de la zona. A pesar de que el proyecto se encuentra fuera de los límites de la reserva, los hallazgos sugieren que su desarrollo podría tener repercusiones negativas en el área protegida. Esta información será crucial para la audiencia programada para el 24 de marzo, donde se discutirán las implicaciones del proyecto.
La senadora por Tarija, Marcela Guerrero, quien estuvo presente durante la inspección, destacó un hallazgo significativo: una planchada de aproximadamente dos hectáreas localizada en una pendiente dentro de una zona considerada crítica para la recarga hídrica. Guerrero subrayó que esta situación plantea serios riesgos ambientales y pone en entredicho las afirmaciones iniciales de Petrobras, la empresa detrás del proyecto, que había sostenido que no había trabajos previos en el área.
Durante la inspección, también se registraron intentos por parte de entidades como Petrobras y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para obstaculizar el acceso al sitio. Según Guerrero, hubo intentos iniciales para suspender la diligencia y desviar a la comitiva por rutas que no eran transitables. Sin embargo, gracias a la colaboración de los comunarios locales, quienes actuaron como guías, se logró llegar al lugar intervenido.
Entre las observaciones realizadas se identificó un camino proyectado con un ancho estimado de 12 metros para acceder al pozo. Guerrero advirtió que esta intervención podría resultar en la destrucción de miles de árboles y amenazar fuentes hídricas vitales tanto para las comunidades aledañas como para la biodiversidad del entorno.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también participó en esta inspección y explicó que se llevó a cabo como parte de una acción ambiental precautoria promovida por su institución. Este esfuerzo busca implementar medidas cautelares destinadas a proteger los derechos ambientales y colectivos de los habitantes de la región. Callisaya destacó que los hallazgos obtenidos son fundamentales para esclarecer las realidades fácticas presentes en el área y tendrán un papel determinante en el proceso judicial que se avecina.
La situación actual resalta no solo las tensiones entre el desarrollo hidrocarburífero y la conservación ambiental, sino también el papel activo que juegan las comunidades locales y las autoridades en la defensa del entorno natural frente a proyectos industriales potencialmente dañinos. La audiencia programada promete ser un espacio crucial para debatir estos temas y evaluar las acciones futuras respecto al futuro del DMO X-3 y su impacto sobre la Reserva Nacional Tariquía.
