La reciente inspección judicial realizada al pozo Domo Oso X-3 (DMO X-3), ubicado en el Cantón de Chiquiacá, municipio de Entre Ríos, ha puesto en evidencia la complejidad y sensibilidad socioambiental que rodea a uno de los proyectos hidrocarburíferos más controvertidos del sur del país. Este proceso, que se desarrolla en el marco de un conflicto que involucra directamente a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, podría definir el rumbo futuro de las operaciones petroleras en esta zona protegida.
La diligencia, convocada por el Tribunal Agroambiental, tuvo lugar después de haber sido postergada por condiciones climáticas adversas que deterioraron las vías de acceso. En esta inspección participaron representantes clave del sector estatal y empresarial, como Petrobras Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Procuraduría General del Estado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Estas instituciones manifestaron un respaldo explícito al desarrollo del proyecto hidrocarburífero en la reserva. En contraposición, la Defensoría del Pueblo, el Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá y un grupo multidisciplinario de profesionales expresaron una postura crítica, cuestionando tanto la legalidad como los posibles impactos ambientales derivados de las actividades petroleras en esta área sensible.
El desarrollo mismo de la inspección estuvo marcado por tensiones y controversias. Un hecho destacado fue la solicitud formulada por el procurador general del Estado para suspender la diligencia, petición que fue finalmente rechazada por el Juzgado Agroambiental. Además, Petrobras inicialmente se negó a trasladarse hasta el punto exacto donde se prevé realizar la planchada del pozo, lo que generó desconfianza entre los defensores ambientales. Desde el Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá denunciaron intentos por parte de algunos actores para desviar al juez hacia zonas distintas al área prevista para la intervención petrolera. Esta maniobra habría buscado impedir que la autoridad judicial constatara in situ los posibles daños ambientales y riesgos hídricos asociados al proyecto. Sin embargo, finalmente el juez pudo acceder al lugar señalado.
El núcleo central del conflicto radica en la ubicación misma del proyecto DMO X-3. Según los defensores ambientales, específicamente desde el Comité local, las obras planificadas —incluyendo la planchada y apertura de brechas— se proyectan sobre La quebrada del Oso. Este sitio es considerado fundamental para las comunidades locales porque representa una fuente vital de agua potable para los habitantes del cantón. La quebrada forma parte además de la cuenca del río Tarija, lo cual extiende las preocupaciones más allá del ámbito local hacia posibles impactos en un sistema hidrográfico mayor y su biodiversidad asociada.
Este aspecto adquiere especial relevancia debido a que se trata de una zona reconocida como área estratégica para la recarga hídrica. Cualquier intervención extractiva o industrial podría alterar significativamente este equilibrio natural, comprometiendo no solo el acceso al agua para consumo humano sino también afectando a ecosistemas sensibles vinculados a esta cuenca. Las experiencias previas en otras áreas protegidas dentro del departamento refuerzan estas alertas. Por ejemplo, en la Reserva Nacional Aguaragüe se han registrado casos donde actividades hidrocarburíferas han provocado contaminación en cursos hídricos locales, dañando tanto al ganado como a especies silvestres propias.
Aunque durante la inspección no se emitieron conclusiones definitivas sobre los hallazgos observados in situ, se anunció que el proceso continuará con una audiencia programada para finales de marzo en la Casa de Justicia de Entre Ríos. En este encuentro ambas partes tendrán oportunidad formal para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Por parte de las comunidades y organizaciones ambientalistas ya se perfilan líneas argumentales claras: destacan principalmente la ausencia o irregularidades en el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y locales afectadas. Señalan que no solo hubo incumplimiento formal sino también falta real en supervisión por parte del Órgano Electoral sobre este requisito fundamental para garantizar derechos colectivos.
Asimismo, enfatizan los riesgos concretos relacionados con posibles contaminaciones hídricas derivadas del proyecto extractivo ubicado sobre zonas clave para recarga acuífera; alertan también sobre impactos ambientales acumulativos que podrían afectar notablemente a diversas especies y ecosistemas dentro y alrededor de Tariquía. Otro punto crítico planteado hace referencia a presuntas irregularidades administrativas relacionadas con modificaciones recientes tanto en los límites geográficos oficiales como en los planes manejos autorizados para esta reserva nacional. Estas alteraciones habrían facilitado indirectamente o permitido formalmente el ingreso y operación de empresas petroleras dentro del área protegida sin procesos transparentes ni consensuados con las comunidades ni expertos independientes.
Frente a este panorama complejo y conflictivo cobra especial importancia la incorporación por parte defensora ambientalista de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales vinculados al Colegio de Abogados local así como a la Federación Departamental de Profesionales. Junto con representantes institucionales como la Defensoría del Pueblo buscan fortalecer técnica y jurídicamente sus planteamientos durante la audiencia decisiva ante el Tribunal Agroambiental.
En paralelo a estas controversias sociales y jurídicas emerge una estrategia comunicacional impulsada desde YPFB mediante boletines públicos donde afirman contar con apoyo comunitario hacia el desarrollo petrolero e insisten en que el pozo DMO X-3 se encuentra fuera formalmente del límite geográfico declarado oficialmente para Reserva Nacional Tariquía —a una distancia aproximada de 1,5 kilómetros— aunque omiten mencionar que toda actividad asociada al desarrollo integral del campo compromete directa o indirectamente áreas colindantes e incluso internas a dicha reserva.
En suma, este proceso judicial no solo pone sobre la mesa un debate técnico-jurídico sino también pone en evidencia tensiones profundas entre intereses económicos estatales vinculados a recursos naturales estratégicos versus derechos humanos colectivos ligados a protección ambiental y uso sostenible territorial comunitario. El resultado podría sentar precedentes cruciales para futuros proyectos extractivos dentro o próximos a áreas protegidas nacionales así como redefinir mecanismos efectivos para consultas previas e integrales con pueblos originarios frente a decisiones estatales vinculadas al desarrollo energético nacional. La población local permanece expectante ante decisiones que definirán su acceso al agua potable, conservación ambiental y calidad vida futura dentro uno los ecosistemas más valiosos pero vulnerables del país: La Reserva Nacional Flora y Fauna Tariquía
