La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha revelado una investigación que involucra a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, en un caso que pone en tela de juicio la procedencia y declaración de sus recursos económicos. Según la información oficial, Arce Mosqueira figura como propietario de un notable patrimonio compuesto por 18 inmuebles y 20 vehículos, cuyo origen financiero no se condice con su perfil laboral ni con los ingresos formales que ha declarado.
Esta situación fue dada a conocer por Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, durante una entrevista con EL DEBER. La aprehensión de Marcelo Arce tuvo lugar en un operativo policial desarrollado en Santa Cruz, donde fue detenido bajo acusaciones formales por parte del Ministerio Público por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Las investigaciones apuntan a que no se trata únicamente de movimientos aislados, sino que existen múltiples transacciones económicas sospechosas que están siendo indagadas a profundidad.
El viceministro detalló que la pesquisa no se limita a una sola operación financiera irregular, sino que abarca diversas transferencias significativas, entre ellas una por más de 308.000 bolivianos y otra realizada en marzo de 2024 por un monto superior a 515.000 bolivianos. Además, el Ministerio Público está investigando las matrículas computarizadas correspondientes a las propiedades e inmuebles registrados a nombre de Arce Mosqueira, así como los vehículos vinculados al investigado. Estas cifras podrían incrementarse conforme avance la pesquisa y se convoque a más personas relacionadas con el caso.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por García es la existencia de transferencias o entregas de dinero incluso a personas extranjeras, lo que sugiere una red más compleja y amplia. La UIF considera que estas operaciones financieras podrían ser solo la “punta del ovillo” dentro de un entramado mayor relacionado con el blanqueamiento de capitales derivados posiblemente de hechos corruptos. Esto implica que las investigaciones podrían arrojar información mucho más amplia y detallada en los próximos días.
El viceministro recordó también el perfil laboral formal del imputado: Marcelo Arce trabajó en dos subsidiarias del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), primero en YPFB Corporación y luego como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Sin embargo, al analizar sus ingresos declarados frente al volumen económico implicado en las transacciones sospechosas, se concluyó que sus sueldos no justifican ni remotamente la adquisición ni manejo del patrimonio detectado. Tras dejar su cargo público formalmente, Arce Mosqueira habría continuado operando dentro de las instalaciones de YPFB ejerciendo influencia para direccionar procesos contractuales mediante funcionarios públicos vinculados directamente con estas operaciones.
La investigación no solo afecta al hijo del expresidente sino también alcanza al menos a cuatro personas más vinculadas con esta estructura financiera irregular. Entre ellas destaca un hermano del principal implicado, quien fue declarado en rebeldía en otro proceso judicial relacionado con adquisiciones sospechosas de bienes costosos como inmuebles y vehículos lujosos. Este elemento indica la posible existencia de una red familiar o grupal dedicada a estas actividades ilícitas dentro o alrededor del ámbito estatal.
Otro aspecto preocupante señalado por García es el riesgo potencial para la integridad del proceso judicial debido a la presencia o permanencia laboral dentro de YPFB por parte de algunos implicados. Esto podría facilitar la manipulación o destrucción de pruebas relacionadas con el caso, lo que incrementa la necesidad de medidas adecuadas para evitar cualquier obstaculización judicial.
En cuanto al marco legal bajo el cual se desarrolla esta investigación, el viceministro puntualizó que la legitimación de ganancias ilícitas es el delito principal señalado hasta ahora; sin embargo, no se descarta la inclusión futura de otros cargos penales como enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias o daño económico al Estado conforme avance el proceso fiscal y se recopilen mayores evidencias.
Finalmente, García enfatizó que este procedimiento judicial no debe interpretarse como un asunto político ni personal debido al parentesco con el expresidente; sino como una investigación rigurosa basada en evidencias sobre actividades económicas irregulares y presuntamente ilegales. La Fiscalía tiene previsto presentar en las próximas horas la imputación formal donde se detallarán todos los antecedentes recopilados hasta ahora para sustentar las acusaciones contra Marcelo Arce Mosqueira y demás involucrados.
Este caso pone en evidencia importantes desafíos sobre la transparencia y control financiero dentro del sector público boliviano y resalta la necesidad imperiosa de fortalecer mecanismos para prevenir irregularidades económicas vinculadas a funcionarios públicos o sus familiares directos. Asimismo, refleja un paso significativo hacia la rendición cuentas sin privilegios ni impunidad ante posibles delitos relacionados con corrupción y blanqueo capitales dentro del país
