El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera compareció por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, marcando un avance significativo en una compleja investigación internacional contra una red de tráfico de cocaína y lavado de dinero que operaba desde Sudamérica hacia Europa. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, luego de que Marset fuera detenido en Bolivia y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos formales relacionados con conspiración para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Marset es señalado como uno de los líderes principales de una organización criminal dedicada al envío masivo de cocaína hacia diversos países europeos. Según la información proporcionada por la Oficina del Fiscal para el Distrito Este de Virginia, la estructura criminal habría manejado cargamentos que alcanzaban hasta las diez toneladas por envío, evidenciando la magnitud y sofisticación del operativo. La red habría establecido rutas que atravesaban varios países sudamericanos como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, extendiéndose a destinos europeos como Bélgica, Países Bajos y Portugal, entre otros. Esta extensión geográfica refleja no solo la complejidad logística sino también la capacidad para mantener operaciones transnacionales a gran escala.
En el marco de esta investigación, las autoridades estadounidenses han identificado a otros actores clave dentro de la organización. Uno de ellos es Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien actuaba desde Paraguay como operador financiero principal y presunto lavador transnacional de dinero. Santoro habría coordinado la recolección y traslado clandestino de las ganancias obtenidas por el narcotráfico en Europa, utilizando mensajeros especializados y mecanismos diseñados para introducir los fondos ilícitos en el sistema financiero internacional sin ser detectados. Los documentos judiciales detallan que gran parte del dinero —generalmente en euros— era posteriormente transferido mediante bancos corresponsales ubicados en Estados Unidos, facilitando así el blanqueo a través del sistema bancario norteamericano.
Además del lavado de dinero, tanto Marset como Santoro habrían recurrido a amenazas y actos violentos para proteger sus actividades ilegales y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la red criminal. Este uso sistemático de la violencia subraya la peligrosidad del grupo y su disposición para mantener su control dentro del negocio ilícito.
Uno de los casos más destacados mencionados en el expediente ocurrió en enero de 2021, cuando Marset tenía pendientes cobros por más de 17 millones de euros derivados de un solo envío significativo de cocaína. En esta situación particular, Santoro habría gestionado el lavado efectivo al menos cinco millones de euros provenientes del total mencionado, canalizando buena parte del dinero a través del sistema bancario estadounidense con métodos encubiertos. Este episodio refleja no solo el volumen económico involucrado sino también los mecanismos sofisticados empleados para ocultar el origen ilícito del capital.
Por su parte, Federico Ezequiel Santoro Vassallo se declaró culpable en mayo del 2025 y fue condenado a una pena privativa de libertad por quince años dos meses después. En contraste, Sebastián Marset enfrenta una posible condena mucho más severa; si es encontrado culpable tras el proceso judicial correspondiente, podría recibir una sentencia máxima que alcanza hasta veinte años en prisión. La decisión final sobre su condena dependerá del juez federal encargado del caso, quien evaluará las directrices legales vigentes y otros factores relevantes estipulados por la legislación estadounidense.
La investigación contra esta red criminal ha sido un esfuerzo conjunto entre diversas agencias internacionales. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lidera las pesquisas con apoyo directo de Europol y colaboraciones estrechas con autoridades bolivianas y otras oficinas sudamericanas vinculadas a la DEA. Este trabajo coordinado demuestra la importancia que tiene esta causa no solo para Estados Unidos sino también para los países involucrados en las rutas logísticas del narcotráfico.
En reconocimiento al valor estratégico que representa capturar a Marset para desarticular esta organización criminal transnacional, el Departamento de Estado estadounidense anunció en 2025 una recompensa que asciende hasta dos millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena efectiva. Esta oferta se suma a otra recompensa previa emitida en Bolivia desde 2023 por un monto menor pero igualmente significativa.
Finalmente, las autoridades estadounidenses han recordado contundentemente que la acusación formal presentada contra Sebastián Enrique Marset Cabrera constituye únicamente una imputación legal; él mantiene la presunción constitucionalmente garantizada de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso judicial justo y transparente. Este principio fundamental asegura que se respeten sus derechos durante todo el desarrollo del caso mientras avanza su trámite legal ante los tribunales federales norteamericanos
