El Gobierno boliviano ha puesto en marcha una exhaustiva investigación destinada a identificar a todas las personas que habrían protegido o colaborado con la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera. Esta acción se desprende del operativo policial que permitió su captura en territorio nacional y su posterior expulsión hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero. La medida refleja el compromiso de las autoridades bolivianas para desarticular completamente la red criminal y evitar cualquier intento de encubrimiento o colaboración interna.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue el encargado de comunicar la instrucción para llevar adelante una pesquisa rigurosa que permita esclarecer posibles irregularidades durante los procedimientos posteriores a la detención del capo narco. Además, se busca determinar quiénes facilitaron su permanencia dentro del país, un aspecto clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que la protección interna representa un obstáculo significativo para desmantelar estas organizaciones. Oviedo subrayó que la prioridad durante el operativo fue neutralizar a los hombres de seguridad que acompañaban al delincuente, asegurar su captura y trasladarlo rápidamente al aeropuerto para su expulsión.
Más allá de la detención, las autoridades iniciaron una serie de operativos destinados a tomar posesión de bienes vinculados al narcotráfico, entre ellos inmuebles y vehículos. Estos procedimientos se realizaron cumpliendo con estrictos protocolos legales, contando con la participación de notarios del Ministerio Público y efectivos policiales para garantizar la transparencia y legalidad en la incautación. Sin embargo, ante rumores sobre posibles irregularidades en el manejo de algunos objetos incautados, el ministro ordenó una investigación interna dentro de la Policía Boliviana. Esta pesquisa involucra directamente a altos mandos policiales como el comandante general, el comandante de Inteligencia y el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), quienes deberán responder si se comprueba algún tipo de responsabilidad.
Oviedo fue enfático al expresar que no permitirá que conductas individuales empañen uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en Bolivia. Recalcó que cualquier acto ilícito relacionado con apropiación indebida de bienes incautados será sancionado con severidad, insistiendo en que no se tolerarán hechos que desvirtúen los objetivos del operativo ni permitan que personas se apropien indebidamente de objetos como relojes o dinero en efectivo.
En paralelo a esta investigación interna, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció que se convocará a declarar a todas las personas sospechosas de haber colaborado con Marset o facilitado su estadía en Bolivia. Estas declaraciones podrán ser tomadas tanto en calidad de testigos como investigados, dependiendo del grado de implicación detectado durante las indagaciones. El fiscal destacó la importancia de escuchar estas versiones para avanzar conforme al debido proceso y fortalecer las acciones judiciales contra los involucrados.
La Fiscalía informó además que Sebastián Marset y su entorno enfrentan al menos seis procesos penales abiertos desde julio del año pasado. Entre los delitos imputados figuran secuestro, lesiones graves, privación ilegítima de libertad, tráfico ilícito de sustancias controladas, falsedad material e ideológica, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. Estos cargos reflejan la complejidad y gravedad del entramado criminal liderado por este narcotraficante internacional.
Mariaca señaló que las investigaciones apuntan a una red extensa y organizada que proveía recursos logísticos tales como viviendas y vehículos para facilitar las operaciones ilegales del grupo. Asimismo, advirtió que la captura del líder no significa el fin del proceso judicial ni del combate contra esta estructura criminal transnacional. Por ello enfatizó en la necesidad de mantener un trabajo coordinado y discreto entre la Policía Boliviana y agencias internacionales para identificar plenamente a todos los involucrados en esta red.
El operativo más reciente tuvo lugar en la zona conocida como Las Palmas, ubicada en Santa Cruz de la Sierra. Fue allí donde las fuerzas policiales lograron capturar a Marset tras un megaoperativo cuidadosamente planificado e implementado. Junto al narcotraficante fueron detenidas cuatro personas más: tres hombres y una mujer identificada como su hermanastra. Todos ellos fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola mientras continúan siendo investigados por delitos relacionados con portación ilícita y tráfico ilegal de armas, almacenamiento criminal así como pertenencia a organización criminal.
Este conjunto integral de acciones refleja un esfuerzo coordinado entre distintas instancias estatales para desmantelar estructuras ilícitas dedicadas al narcotráfico dentro del país. La combinación entre medidas operativas inmediatas —como capturas e incautaciones— junto con investigaciones profundas sobre posibles complicidades internas apunta a fortalecer el sistema judicial boliviano frente a uno de los males más complejos para la seguridad nacional y regional. La población boliviana podría beneficiarse directamente del éxito sostenido en este tipo de operaciones debido a una reducción potencial en los niveles asociados al crimen organizado y sus consecuencias sociales negativas
