El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, quien asumió su cargo hace tres meses, ha llevado a cabo una serie de acciones estratégicas para fortalecer el accionar policial en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en Santa Cruz. En un contexto marcado por la reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Sokol detalló que una de las primeras medidas implementadas fue la remoción completa del personal que integraba la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en esa región. Esta decisión buscó evitar posibles filtraciones de información y garantizar la efectividad del operativo que finalmente permitió la detención del criminal.
El jefe policial explicó que, previo a la operación que concluyó con la expulsión de Marset, se identificó y removió a numerosos ciudadanos extranjeros que desempeñaban funciones dentro de la seguridad vinculada al narcotraficante. Esta acción preventiva refleja el compromiso institucional por erradicar cualquier tipo de colaboración o complicidad interna que pudiera facilitar las actividades ilícitas de los grupos criminales. Según Sokol, existía la sospecha fundamentada de que parte del personal histórico en la Felcn podría haber estado involucrado en el flujo irregular de información, lo cual comprometía seriamente el éxito de las investigaciones y operativos contra el narcotráfico.
La captura de Marset representa un golpe significativo para las redes criminales que operaban en Santa Cruz y otras regiones del país. Sin embargo, según explicó Sokol, este es solo un paso dentro de una investigación más amplia destinada a esclarecer el grado exacto de apoyo que el narcotraficante habría recibido tanto de particulares como de exautoridades vinculadas a administraciones anteriores. La Policía cuenta con abundante información obtenida durante los allanamientos y los dispositivos incautados, lo cual será crucial para identificar posibles vínculos corruptos o complicidades institucionales que permitieron la prolongada actividad delictiva.
El comandante general señaló además que existen indicios sólidos acerca de una posible protección otorgada desde diferentes instituciones estatales en tiempos pasados. Esto evidencia no solo la complejidad y profundidad del entramado criminal desarticulado, sino también la necesidad imperiosa de continuar con las investigaciones para desmontar completamente estas estructuras y evitar su reactivación. En este sentido, se destaca un compromiso firme por parte del Gobierno y las fuerzas policiales para no solo capturar a los líderes del narcotráfico sino también desactivar las redes paralelas que los sostienen.
Desde la detención del narcotraficante uruguayo, se han intensificado los operativos policiales principalmente en Santa Cruz pero también extendidos a nivel nacional. Entre las acciones más recientes se encuentra la intervención en una propiedad ubicada en Urubó, donde se encontró un vehículo blindado de alta gama equipado con armamento sofisticado. Además, se reportaron controles sobre vehículos transportando armas de grueso calibre en carreteras estratégicas hacia Beni. Estas acciones evidencian una respuesta coordinada y continua destinada a cortar las vías logísticas y recursos materiales utilizados por estas organizaciones criminales.
La captura del fugitivo Sebastián Marset pone fin a varios meses en los cuales estuvo prófugo tras evadir una acción policial ocurrida en 2023 en Santa Cruz. Su detención fue resultado directo no solo del operativo puntual sino también de las reformas internas impulsadas por Mirko Sokol desde su llegada al mando policial. Estas medidas han buscado optimizar los recursos humanos y técnicos dentro de las unidades especializadas para asegurar operaciones más efectivas contra el narcotráfico.
En definitiva, este caso pone en evidencia no solo los desafíos estructurales enfrentados por las fuerzas del orden ante organizaciones criminales complejas sino también la importancia vital de mantener procesos internos rigurosos para eliminar cualquier tipo de infiltración o colaboración indebida dentro de las propias instituciones encargadas de combatir estos delitos. La ciudadanía podrá observar cómo estas acciones contribuyen paulatinamente a fortalecer la seguridad pública y restablecer el orden frente a amenazas como el narcotráfico que afectan directamente su calidad de vida y bienestar social
